El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que plantee la práctica de diligencias de investigación en las nueve causas abiertas en relación con las ayudas concedidas desde el año 2003 a nueve empresas públicas, entre las que figuran la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la empresa Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), la RTVA, la Empresa Pública del Suelo (Epsa) y la empresa para la gestión del Turismo y el Deporte en Andalucía (Turasa).

El instructor ha dictado sendas providencias, una por cada causa, en las que pide a la Fiscalía que reclame las posibles diligencias de investigación que deben practicarse para la averiguación de los hechos, los delitos y las posibles personas que pudieran ser inculpadas, o para que solicite el sobreseimiento en su caso. Sin embargo, la posibilidad de que el fiscal solicite el archivo es nula, puesto que fue la propia Fiscalía la que pidió esta investigación y la apertura de las causas, por lo que ahora el Ministerio Público deberá proponer la práctica de las pruebas para tratar de averiguar si se ha producido algún delito, han explicado a este periódico fuentes del caso.

En noviembre pasado, ante el requerimiento de la Fiscalía, el juez decidió abrir estas nueve diligencias previas con la finalidad de "esclarecer la posible existencia respecto de ellas de transferencias de financiación por consejerías de la Junta a tales empresas en orden a esclarecer si se ha seguido la tramitación administrativa procedente sometida a fiscalización previa".

El Ministerio Público consideraba que estas empresas y agencias públicas han utilizado el mecanismo de las transferencias de financiación para el abono de "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa" a pesar de que era exigible en ambos casos, por lo que consideraba que debían investigarse los hechos en un procedimiento distinto al de Invercaria e incluso al de los ERE fraudulentos que instruye la juez Mercedes Alaya. La Fiscalía destacó que era necesario investigar si la utilización de este procedimiento puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, por si "existe menoscabo de los fondos públicos".

El Ministerio Público había detectado la utilización de las transferencias de financiación para el "abono final por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos".

La utilización de este procedimiento por parte de la agencia IDEA es parte del objeto de la investigación de otro juzgado, el de la juez Mercedes Alaya, por lo que la Fiscalía pedía que se remita testimonio a ese juzgado, y que el juez de Instrucción número 16 incoara por cada una de las empresas y agencias citadas, salvo IDEA, nuevas "diligencias previas" distintas a la causa de Invercaria y además se requiriera a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que remita los informes definitivos, con los anexos elaborados, de cada una de las empresas "de los ejercicios 2003 hasta el último elaborado". Esta documentación ya ha llegado a cada una de las causas y ahora es la Fiscalía la que debe pedir la práctica de las diligencias que estime oportunas.