La Audiencia de Sevilla ha tumbado una de las vías que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía habían emprendido para volver a imputar en otras piezas de los ERE a los ex altos cargos que fueron enjuiciados en la pieza del "procedimiento específico" de los ERE, que acabó con la condena de 19 de los 21 acusados. El Ministerio Público considera que hay al menos siete préstamos financiados por la agencia IDEA que no se habrían cargado a la partida presupuestaria 31L, conocida como el fondo de reptiles, y por tanto los ex altos cargos no estarían excluidos por el non bis in ídem, que impide juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto, con fecha 15 de abril y al que ha tenido acceso este periódico, en el que estima el recurso de apelación presentado por el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, después de que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla lo hubiese citado como investigado por el préstamo de un millón de euros concedida en el año 2007 a la Sociedad cooperativa de Familias Agrícolas (SCAFA).

El ex consejero de Empleo alegó que carecía de razón de ser e incluso iba contra el criterio de la propia Audiencia imputarlo en esta pieza separada de los ERE, con el argumento de que este préstamo comprometió fondos que no se correspondían con los aportados por la Consejería de Empleo a través del programa 31L, sino con fondos que provenían de la consejería de Innovación, tesis apoyada por la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía.

El tribunal se muestra contundente al afirmar que el menoscabo se produjo en la partida 31L

El ex alto cargo había alegado igualmente que el hecho de contablemente el préstamo tuviera un tratamiento dispar por parte de la agencia IDEA en absoluto cambia la situación, como entendían las acusaciones, porque "no supuso un menoscabo de fondos públicos" de la Consejería de Innovación e insistía en que este préstamo participativo no era sino una fórmula más de las ayudas con cargo a la partida 31L que fueron objeto de análisis y juicio en la "pieza política" de los ERE, que acabó con la sentencia dictada en noviembre de 2019, por lo que no podía ser investigado de nuevo.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y la Junta sostenían que ni los hechos que se pretenden investigar respecto a Antonio Fernández fueron objeto del juicio del "procedimiento específico" ni el préstamo que se concedió a SCAFA procedía de la partida 31L, sino de fondos de la Consejería de Innovación, por lo que el ex consejero podía ser investigado sin vulnerar el non bis in ídem.

La Audiencia zanja la cuestión y falla a favor del ex consejero, porque entiende que hay una contradicción en la posición de las acusaciones, que consideran que fue al darse por fallido el préstamo cuando se produjo la ejecución del crédito presupuestario y por tanto la "consumación del perjuicio", pero de seguir esa argumentación, precisa el tribunal, "el 31 de diciembre de 2013 o el 1 de enero de 2014, el aquí recurrente ningún cargo ostentaba en la Junta del que pudiera derivarse responsabilidad".

Así, añade que si esas ayudas a SCAFA están siendo investigadas en estas diligencias previas es porque "revistiesen la forma que revistiesen, fueron eso, ayudas, subvenciones encubiertas presuntamente concedidas al margen de la legalidad y sin justificación que menoscabaron fondos públicos, y el perjuicio para esos fondos públicos se produjo desde el momento en que se otorgaron y cobraron".

De ahí, el tribuna concluye que el crédito comprometido al suscribirse el convenio de colaboración en octubre de 2007 lo fue "contra el programa 31L de la Consejería de Empleo". Y el programa que ha soportado "ese menoscabo de fondos ha sido a la postre el 31L, y lo ha sido, como tarde, desde enero de 2014", y las ayudas con cargo a este programa presupuestario 31L "ya ha sido enjuiciado y condenado, razones todas las mencionadas que llevan a la estimación del recurso" de la defensa.