Juicio de los ERE

Auditores de la Cámara de Cuentas y ex interventores de la Consejería de Empleo están citados esta semana como testigos

  • La Cámara de Cuentas no puso reparos a las ayudas investigadas entre los años 2000 y 2010, un argumento utilizado por la defensa de varios acusados

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El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha citado para esta semana a siete nuevos testigos, principalmente ex auditores de la Cámara de Cuentas y ex interventores de la Administración autonómica.

En concreto, la sesión de este lunes –la número 71 del juicio– comenzará con la declaración de Nuria Mendoza Domínguez, quien fuera auditora de la Cámara de Cuentas, cuyo interrogatorio está previsto que se prolongue durante toda la jornada de la vista oral. Cabe resaltar que esta semana por primera vez comparecerán como testigos interventores delegados en la Consejería de Empleo.

La Cámara de Cuentas no puso reparos a las ayudas investigadas en el caso ERE entre los años 2000 y 2010, un argumento utilizado para su defensa por varios acusados, entre ellos José Antonio Griñán, que lo destacó durante su declaración en el juicio.

Sin embargo, al estallar la investigación judicial, analizó la tramitación de las ayudas durante diez años y emitió un informe en 2012 en el que concluyó la existencia de irregularidades de las que “pueden derivase, entre otras, responsabilidades contables y administrativas”.

En concreto, sobre las ayudas sociolaborales señalaba que “no ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones”. Respecto a las ayudas a empresas en crisis indicaba que “con carácter general se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto” y no se exigió ni quedó acreditado que cumplieran los fines para los que se dieron ni la correcta aplicación de los fondos.

El informe también consideraba inadecuado el uso de transferencias de financiación como instrumento presupuestario para pagar las ayudas a través de la agencia pública IDEA, con fondos que la Consejería de Empleo le enviaba, y señalaba que las comisiones pagadas a aseguradoras y mediadoras para la tramitación de las pólizas de prejubilación superaban la media del mercado.

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