Requerimiento judicial al Ayuntamiento de Ayamonte. Un equipo de la Guardia Civil retiró ayer gran cantidad de documentación, en presencia del alcalde, el socialista Antonio Rodríguez, y de representantes de los juzgados del municipio onubense.

Los agentes se llevaron en una furgoneta toda la documentación requerida al regidor ayamontino, una intervención que se prolongó por espacio de más de seis horas.

La operación estuvo coordinada por el juzgado de instrucción número 2 de Ayamonte, y se llevó a cabo en las oficinas centrales del Ayuntamiento, situadas en la Plaza de la Laguna de la localidad onubense fronteriza. En esas instalaciones se encuentran, concretamente, las dependencias de Desarrollo Local y Urbanismo, donde se centró el registro que terminó poco antes de las 17:00, cuando el dispositivo policial ubicado a las puertas del Consistorio se disolvió.

Una vez que la Guardia Civil terminó de trabajar, salieron de las dependencias municipales tanto el secretario judicial como el alcalde del municipio, sin que los agentes detuvieran a ninguna persona en esta operación.

Fuentes de la investigación destacaron la "colaboración en todo momento" que prestó el alcalde ayamontino en el desarrollo de las actuaciones del Instituto Armado, según informó Efe. Colaboración que el propio portavoz municipal socialista, José María Fernández López, corroboró a este periódico, al tiempo que matizó que en ningún momento se había producido un registro, sino que se entregó al juez toda la documentación solicitada.

El portavoz señaló que en todo momento el Consistorio se puso a disposición de los agentes de la Guardia Civil, tanto los técnicos como el propio alcalde, desde el mismo instante que los agentes llegaron al Consistorio sobre las 10:00, y que abandonaron sobre las 16:30.

Fernández López desveló que la documentación requerida al Ayuntamiento es de materia urbanística, en concreto Isla Canela a partir de 1993, y subrayó que sólo requisaron documentos, pero ningún ordenador. En ese año Isaías Pérez Saldaña presidía la Alcaldía ayamontina.

El portavoz recordó que hace cuatro años volvió a pasar lo mismo, justo antes de las elecciones, y "todo quedó en aguas de borraja" por lo que se puede tratar de "algo cíclico" y añadió que "las ventanas del Ayuntamiento son de cristal y todo es transparente".

El alcalde no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación, y se remitió en todo momento a las informaciones oficiales que se den desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia onubense.

Fuentes de la Subdelegación indicaron que la operación se ha desarrollado por orden del magistrado titular del citado juzgado, "que ha reclamado una serie de documentos para ser llevados al juez, como efectivamente se ha hecho", sin que precisaran los motivos exactos que han llevado a esta actuación policial.

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, se refirió a la presencia de la Guardia Civil y de agentes judiciales en el Ayuntamiento, como una "actuación ordinaria" y destacó que "sólo" se ha limitado a solicitar la información que se ha entregado por parte del Ayuntamiento. Jiménez apuntó que se trata de "una actuación ordinaria del Juzgado que ha entendido que era razonable conocer directamente y de primera mano de la autoridad urbanística local una información que ha recabado en el Ayuntamiento", al tiempo que destacó la claridad, transparencia y honestidad con la que trabaja el alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez, y su equipo de gobierno".

Por su parte, la asamblea local de IU de Ayamonte informó de que ante la "inquietud y recelo" que ha provocado esta actuación, ha solicitado formalmente al alcalde explique públicamente cuáles son los hechos que han ocurrido y qué documentación ha sido requerida. IU solicitará junto a los grupos de la oposición un pleno extraordinario.

Actualmente, el Ayuntamiento de Ayamonte está gobernado en minoría por el PSOE, después de que el Partido Andalucista (PA) rompiera el 17 de junio de 2009 el pacto de gobierno que mantenía con los socialistas; la oposición la integran, en mayoría, además de PA, IU y PP.

La intervención de la Guardia Civil pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Ayamonte está en el punto de mira de la investigación por parte de los poderes judiciales desde hace tiempo. Así, en abril de 2007 un equipo de Delitos Informático de la Policía Judicial desembarcó en el Consistorio por orden judicial con el objetivo de rastrear los equipos informáticos municipales. Por entonces era alcalde Rafael González, también del PSOE.

El registro se produjo después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte dictara un auto de entrada en las dependencias municipales, registro que se prolongó durante horas. El juez instructor buscaba un recibo por un pago del Ayuntamiento, en concreto una providencia que emitió a finales de 2005 a favor del teniente de alcalde, Carlos Fernández, para pagar una multa por unas desavenencias que tuvo con un agente de la Policía Local.

El alcalde relató que Carlos Fernández le pidió que le hiciera el favor de adelantarle 300 euros para pagar la multa, dinero que devolvería fraccionado a las arcas municipales y a los que sumaría los intereses. González accedió a la petición del teniente de alcalde y dictó una providencia para abonarle el dinero.