El Pleno del Parlamento propuso ayer a María Luisa Balaguer Callejón y Ricardo Enríquez Sancho, candidatos del Grupo Socialista y del Grupo del PP, respectivamente, como magistrados para el Tribunal Constitucional (TC). La candidata presentada por Podemos, Ana María Carmona Contreras, quedó fuera al no lograr el respaldo suficiente.

En una votación realizada en urna al inicio de la sesión plenaria, la candidata del PSOE-A obtuvo 47 votos, mientras que el candidato del PP-A cosechó 32. Sin embargo, de los 107 votos emitidos sólo 18 han ido a la candidata de la formación morada. Además, se registraron diez votos en blanco. Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y de Izquierda Unida no presentaron ningún nombre, por lo que finalmente fueron propuestos los dos candidatos que lograron un mayor apoyo de la Cámara.

María Luisa Balaguer (Almería, 1953) es consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada en 1976 y doctora en Derecho por esta universidad en octubre de 1983. Actualmente, es catedrática de Universidad de Derecho Constitucional, adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga. Ricardo Enríquez Sancho (Madrid, 1944) es magistrado del Tribunal Constitucional desde 2014. Entre 1990 y 2014 fue Magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidiendo Sección Cuarta desde 1995. Ha sido miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

Por otra parte, el Pleno del Parlamento también aprobó por lectura única la ley de creación de los Colegios Profesionales de Economistas de las ocho provincias andaluzas, que hará efectiva la fusión de las actuales organizaciones colegiales de Economistas y de Titulares Mercantiles. En el caso de Cádiz, la nueva entidad englobará también a la que representa a este último colectivo profesional en Jerez de la Frontera. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, agradeció a los grupos parlamentario "su buena voluntad" para cerrar la tramitación de este proyecto de ley por lectura única.