El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de las presuntas irregularidades en los cursos de formación, que emita un informe tras la queja presentada por el PSOE-A en relación con las preguntas que la instructora realizó al testigo clave, el funcionario Teodoro Montes, al que preguntó sobre si creía que el partido Socialista se podía haber financiado con las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

El PSOE se quejó al máximo órgano de gobierno de los jueces al entender que la magistrada había intentado "vincular, sin fundamento alguno, el caso de los cursos de formación con una presunta financiación" de los socialistas. El PSOE criticó entonces que la juez preguntara al jefe de departamento de Formación Profesional Ocupacional de la Junta si el partido se "financió" con los fondos para actividades formativas que recibía la Faffe. La juez justificó esta pregunta por las numerosas subvenciones y el trato "claramente privilegiado" que recibió esta fundación. El PSOE aseguró en su queja que en el sumario de esta causa "no figura ninguna denuncia ni tan siquiera una alusión a esta presunta financiación, salvo la que la juez desliza en su pregunta al testigo Teodoro Montes, que en su respuesta dijo que no podía contestar dicha pregunta".

Sin responder directamente a la pregunta, el testigo sí que aseguró que la Faffe acogía a antiguos cargos del PSOE, como alcaldes, concejales y sus familiares, y añadió que "sería interesante" observar los sueldos que cobraban estas personas, hasta tres y cuatro veces más que el propio funcionario.

Para los socialistas andaluces, este interrogatorio "dirigido por la juez encierra una insinuación carente de todo fundamento y acarrea un daño grave e injustificado a la reputación e imagen pública del partido, al dar a entender que dicho juzgado desarrolla una investigación sobre financiación ilegal del PSOE, que no existe".

De otro lado, Alaya ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que averigüe el domicilio de la senadora y ex consejera de la Presidencia Mar Moreno, con la finalidad de notificarle su preimputación en el caso de los ERE porque, según la juez, no ha sido posible notificarle el auto. La orden de Alaya se produce cuando Mar Moreno ya se ha personado con su abogado ante el Tribunal Supremo.