El proyecto de Presupuestos de la Junta para 2020 sorteó la semana pasada la enmienda a la totalidad y, salvo sorpresa mayúscula, será aprobado a mediados de diciembre. El objetivo de Juan Bravo, titular de Hacienda, Industria y Energía, es contar con aportaciones de los distintos partidos, pero el primer paso de la tramitación de las cuentas es para los agentes sociales.

Hasta 21 entidades pasan este lunes por la comisión parlamentaria donde se aborda el texto y, entre todas, han destacado las intervenciones de CCOO y CSIF por sus críticas a los capítulos del Presupuesto del año próximo que aluden a políticas sociales. Estos matices se producen justo cuando las protestas de trabajadores sanitarios recobran fuerza, tomando el relevo de las protestas de empleados del sector educativo que se produjeron a lo largo del verano.

Según CCOO, las cuentas autonómicas diseñadas por el Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos “anteponen el déficit a la prestación de los derechos fundamentales”. Para apoyar esta opinión, el representante del sindicato aludió a las movilizaciones por la precarización de la sanidad “ante el cierre de plantas y la falta de personal”, pero también a las críticas por “las 4 unidades menos en enseñanza pública”, situación que afecta, sobre todo, al ámbito rural.

Por su parte, el secretario general de CSIF, Germán Girela, ha centrado sus críticas en la cobertura de las bajas en la sanidad pública. El nuevo dirigente sindical, que se ha estrenado en el Parlamento, ha aludido a la cifra del 28% de cobertura de bajas que han mencionado en los últimos días varios miembros del Ejecutivo andaluz, comparándola con la que había durante la Administración socialista, cifrada en el 14%.

Girela también se ha referido a los obstáculos para el desarrollo de la carrera profesional de los sanitarios y a la necesidad de equiparar su salario respecto al resto de España.

En materia educativa, el representante de CSIF ha centrado su intervención en la necesidad de ampliar la inversión hasta que llegue al 7% del PIB andaluz. Según el diagnóstico de Girela, las carencias de recursos humanos y materiales se traducen en “ratios insostenibles” que llegan a 30 alumnos por clase en determinados casos. Según una encuesta realizada por el sindicato, hay centros educativos con plantillas al 70% por esta situación de infra dotación del personal.

Tanto CSIF como CCOO han mencionado en sus intervenciones la necesidad de defender a los empleados públicos. Girela exigió el cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y el desarrollo de la prometida Ley de Función Pública que permita “profesionalizar” a los funcionarios.

También se ha acordado de la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014, que se recortaron con motivo de la crisis, y del resto de derechos perdidos en el periodo de recesión para contener el gasto. En ese apartado ha coincidido también el representante de CCOO, José Blanco, que propuso ante los miembros de la Comisión de Hacienda, Industria y Energía que “se apueste por acuerdos que vayan más allá de la normativa básica mediante la negociación colectiva.

Esta es la fórmula seguida por el Gobierno socialista de Susana Díaz, que llegó a dos acuerdos con las grandes centrales sindicales. Según CCOOes la fórmula para“garantizar el empleo, recuperar los recortes sufridos por los empleados públicos durante la crisis y fortalecer los servicios públicos”.

Las comparecencias de las entidades sociales se cierran mañana, con otras 12 intervenciones. Después será el turno de las enmiendas de los partidos, que se debatirán en comisión durante el mes de noviembre antes de la elaboración del dictamen final en la Cámara.