La Cámara de Cuentas de Andalucía, arma arrojadiza estos días atrás entre socialistas y populares, recordó ayer que aprobó en un pleno celebrado el pasado 22 de junio el inicio del procedimiento para la fiscalización de los expedientes de regulación de empleo (ERE). En un intento de aclarar su actitud y funcionamiento en el asunto con que más virulencia se están repartiendo estopa la Junta -y con ella el PSOE- y el PP, la institución saltó al escenario de la bronca para insistir en que sus trabajos, "en todo momento, estarán coordinados con la labora que desarrolle el Tribunal de Cuentas, con el fin de agilizar los procedimientos y evitar duplicidades.

Sea por la reciente fecha de ese pleno en que se aprobó el inicio del proceso, sea por el ritmo pausado que imprime la institución a sus actuaciones, el caso es que la Cámara de Cuentas está en la actualidad en una fase inicial, casi embrionaria, de este procedimiento. En un comunicado difundido ayer, la Cámara de Cuentas se encuentra ahora "evaluando cuáles son las necesidades y el objeto de la investigación para así elaborar las directrices técnicas necesarias para la fiscalización, y concretar los medios, los tiempos y los recursos técnicos y humanos".

La institución quiso también recordar que sus planes de actuación se desarrollan siguiendo y aplicando unos criterios técnicos "muy elaborados, cuyo principal objetivo es ofrecer una visión general de la situación en la comunidad". Con respecto a otros informes de fiscalización, que pudieran considerarse colaterales o paralelos por su similitud y por los agentes que son objeto de los mismos, la Cámara de Cuentas aludió a los destinados al desarrollo del tejido empresarial y fomentos de la innovación en la comunidad gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo (Idea) y sobre la actividad de fomento del empleo del SAE.

Mientras tanto, desde las filas del PP-A, su secretario general, Antonio Sanz, arremetió contra la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, a quien acusó de dar "un espectáculo de frivolidad política" por recriminar a los populares que desprecien las instituciones andaluzas, en este caso la Cámara de Cuentas. A juicio de Sanz, "Moreno o nos quiere engañar a todos o no tiene ni idea de lo que dice", ya que el PP ha acudido al Tribunal de Cuentas porque "este es el camino obligado cuando cualquier responsable público tiene datos o constancia de que se haya cometido un delito penal en la gestión de los recursos públicos".

Para Sanz, Moreno ignora que la Cámara de Cuentas de Andalucía carece de competencia jurisdiccional: "Debería saber que la Cámara sólo tiene funciones fiscalizadoras. Le corresponde el análisis de la eficiencia de la economía y la gestión realizadas y si en algún caso tiene conocimiento en base a esta fiscalización de algún delito, tiene que elevarlo al Tribunal de Cuentas".

Sanz explicó que su partido se ha visto obligado a ir al Tribunal de Cuentas porque "nos han negado en cinco ocasiones que la Cámara de Cuentas fiscalizara el IFA y la Agencia Idea", dos instituciones que, según aseguró, "jamás han sido fiscalizadas porque los socialistas siempre lo han bloqueado". El número dos del PP-A calificó como "muy grave" el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya detectado responsabilidades penales, por lo que aprovechó para exigir que la Junta "preste toda su colaboración".

Por otra parte, el secretario general de los populares andaluces exigió la fiscalización "urgente" de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) porque "está sirviendo de cauce ilegal" al PSOE-A para crear sus propios puestos de confianza y, al mismo tiempo, está "sustituyendo las competencias" que le corresponden a los funcionarios de la Junta. En opinión de Sanz, la Faffe ha reducido sus funciones a "colocar socialistas al servicio de la Administración" mientras que la Junta "engaña "escondiendo el verdadero número de cargos de confianza del Gobierno andaluz". Según el dirigente del PP-A, la Junta utiliza dos "fórmulas" para incrementar el personal de confianza: las asesorías externas y la cesión de empleados. Sanz mencionó al consejero de Empleo, Manuel Recio, quien "tiene en su gabinete a dos externos contratados por la Faffe: uno es el líder de las Juventudes Socialistas, Juan Carlos Ruiz, y otra es una asesora almeriense cuyo contrato con la Faffe es de mayo de 2010, coincidiendo con la llegada al cargo del consejero".