EL torrente de voz de Manuel Fraga Iribarne tronaba en el Congreso de los Diputados: "¡Este Gobierno sólo acierta cuando rectifica!". Ocurría en el Debate del estado de la Nación, y al fundador de AP le seguía desde su escaño azul un joven presidente llamado Felipe González. Ya lo explica el adagio, que rectificar es de sabios, pero en el Parlamento andaluz hay unos cuantos ignorantes o sobrados por mucho que su presidente, Manuel Gracia, no haya tardado ni cinco horas en anular la subida de dietas de los portavoces adjuntos y la de él mismo. En algunos casos -en el de los cuatro adjuntos de la provincia de Sevilla, los socialistas José Muñoz y Verónica Pérez y los populares Jaime Raynaud y Alicia Martínez-, el incremento ha sido de 1.200 euros al mes. Y ha sido -así, en pasado-, porque el dinero ha sido cobrado, al menos, en una nómina.

Un parlamentario autonómico cobra 3.020,29 euros brutos al mes más una dieta semanal por manutención y desplazamiento que va desde los 200 a los 500 euro en función de la distancia que reste hasta su domicilio. Además, si ocupa algún cargo, tal como presidente, portavoz, secretario o jefe de comisión, cobran un suplemento más. El del presidente, por ejemplo, es de 1.537,3 euros y el de los portavoces, de 1.234,2 euros. Con el cambio, la dieta del presidente pasó de 500 a 600 euros semanales, y la de los adjuntos se fijó en 500 con independencia de donde vivan.

La subida rebela dos asuntos graves: de un lado, la ignorancia o falta de diligencia de algunos parlamentarios; de otro, una merma a la credibilidad de la futura ley de transparencia.

Comencemos por lo último. El pasado 20 de marzo se cambió el régimen económico de los parlamentarios. En efecto, las modificaciones se publicaron en la web del Parlamento andaluz, pero no se informaba de que era un cambio ni se mostraba el anterior régimen; no había, por tanto, cabida a la comparación, que sólo quedó resuelta cuando un periodista de este diario, Antonio Fuentes, cayó en la cuenta de que algunos números habían variado. Vaya, ¿y por qué? Si hasta ahora el Parlamento ha sido la institución inmaculada de la autonomía andaluza, sus trabajos serán investigados ahora con lupa. Por ejemplo: ¿sigue en vigor la rebaja salarial que los parlamentarios se aplicaron en 2012 como todos los empleados públicos? Oficialmente, la respuesta es sí: sus señorías se bajaron el sueldo un 7,1% y el presidente, un 10%. Como no cuentan con pagas extra de Navidad, se prorratearon la reducción en 12 meses, aunque también es cierto que enero es mes inhábil en la Cámara. Esto último es pura demagogia, entiéndanlo así.

Según varias fuentes, la idea de la subida partió, precisamente, de este hecho. Como los salarios de sus señorías habían bajado y el trabajo de los portavoces adjuntos seguía siendo el mismo, convenía una distinción especial. Pero, claro, eso es lo que le ha ocurrido a la mayor parte de los trabajadores de este país: que ganan menos y, posiblemente, hasta trabajen mucho más. Basta salir a la calle para saberlo o apearse del coche oficial.

En el primer trimestre de 2013, el conjunto de los sueldos en España bajó, por primera vez, un 0,9%; en el último trimestre de 2012, los salarios públicos cayeron un 3% de media, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Los miembros de la Mesa del Parlamento comentaron el incremento salarial con Manuel Gracia, a lo que él respondió que si era una decisión de todos los grupos, no había problema. Y así fue, ninguno de los miembros de la dirección de la Cámara, donde hay miembros de los tres partidos, interiorizaron que en las circunstancias que vive el país, con casi un 38% de paro en el Andalucía, con recortes en el sector público y con descensos salariales generales aquello resultaba inapropiado cuando no inmoral. Ellos mismos se aprobaban su subida.

Manuel Gracia, en efecto, no fue el impulsor, sólo hizo de intermediario, pero la presidencia de la Cámara obliga a considerar con más atención este tipo de asuntos. Aunque algunos lo hayan negado, lo cierto es que los portavoces del PSOE, PP e IU también fueron informados: los socialistas Francisco Álvarez de la Chica, el popular Carlos Rojas y el izquierdista José Antonio Castro. Este último lo ha reconocido a este medio, y explicó que desconocía que las cantidades fuesen tan grandes y que entendió que la medida sólo afectaría a uno de los cuatro portavoces adjuntos de PSOE y PP. IU sólo tiene uno. Castro aseguró que este hecho no es ninguna justificación y admitió el error de su grupo. "Ni una más", aseguró Castro.

Como no habrá dimisiones, ya sólo cabe la devolución de las cantidades cobradas. Y habrá reintegro, aunque algunos en la Ejecutiva del PSOE también han puesto en el punto de mira a Manuel Gracia. Al tiempo.