Un recurso del Parlamento contra la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el decreto ley antidesahucios del Gobierno andaluz ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) iría a parar directamente a la papelera. Sería estéril. La cámara autonómica carece de "legitimación activa" para recurrir ante el tribunal de Estrasburgo el varapalo del TC a la norma para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, según un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara que deja constancia de que el procedimiento ante el TEDH sólo se puede iniciar mediante demanda interestatal o mediante demanda individual, reguladas respectivamente en los artículos 33 y 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La demanda interestatal sólo se puede presentar por una "Alta Parte Contratante del Convenio frente a otra Alta Parte Contratante del mismo". El Parlamento carece de legitimación activa para presentar esta demanda, "pues ni es ni representa a un Estado firmante del Convenio". Para presentar demanda individual por la vía del artículo 34 del Convenio, el informe explica que un demandante debe cumplir dos condiciones: debe entrar en una de las categorías de posibles demandantes mencionadas en este artículo, y debe ser víctima de una violación del Convenio.

En este caso el Parlamento tampoco tiene legitimación activa "porque es un órgano público que ejerce competencias y funciones públicas atribuidas por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía y demás normativa de aplicación, y porque no tiene la condición de víctima o de persona directamente afectada o concernida por la violación de un derecho convencional imputable a la sentencia del Tribunal Constitucional".

Por tanto, si el Parlamento presentase la demanda "existen fundadas razones para considerar que la misma será declarada inadmisible por incompatibilidad con las disposiciones del Convenio", señala el informe jurídico.

Ante esta sirtuación, el diputado de IU-CA, José Antonio Castro, avanzó que su formación analizará "a fondo" el informe. "Si no podemos presentar un recurso como afectados, sí vamos a estudiar jurídicamente llevar iniciativas en defensa de la capacidad normativa de Andalucía", dijo Castro. El diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe aseguró que su partido verá la posibilidad de recurrir la sentencia del TC a través de particulares que podrían aparecer como "afectados indirectamente". Moreno Yagüe destacó que "procesalmente cabría el acceso si algún particular pudiera demandar diciendo que las acciones, aunque él no haya sido parte del proceso ante el TC, violan su derecho" a una vivienda.