El pasado lunes la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, presentó a las entidades que conforman la Mesa del Tercer Sector el decreto ley de lucha contra la exclusión social, en una reunión de la que la Administración andaluza no informó. Una de las entidades sociales presentes en la reunión, Cáritas, salió "muy decepcionada", en palabras de su presidente regional, Anselmo Ruiz. En declaraciones a esta redacción, Ruiz consideró ayer que "no es de recibo que estas medidas se hayan planteado sin hablar antes con las organizaciones que estamos trabajando día a día con las personas necesitadas. Se critica que otros gobiernos hacen lo que quieren y a nosotros ni se nos ha consultado", expuso.

Cáritas, que cuenta con 1.135 centros parroquiales en la comunidad, "no esperaba que este decreto fuese así". "No puedo creerme que hayan hecho este decreto, creo que hay mucha propaganda", señaló Ruiz. El representante de Cáritas manifestó a la consejera que en lugar de ofrecer empleos de entre 15 y 90 días "sería mejor no recortar en las ayudas que se dan a las asociaciones y mantener puestos de trabajo, aunque muchos ya se han perdido en centros de mayores, acogida de niños y similares". Ruiz, según su relato, mostró también su discrepancia con la participación de los ayuntamientos en el reparto de comida, "porque hay que hacer un seguimiento y ver a qué gente se le puede dar, y a veces hay que decir que no. Se ha acusado a la Iglesia de propiciar mendicidad y lo que se hace ahora es mucho peor", sostuvo Ruiz. También se quejó Caritas de que no se apueste de una vez por la Renta Básica, que está recogida como un derecho en el Estatuto. Y, por último, de la dotación presupuestaria. "No se sabe de dónde saldrá, estamos un poco decepcionados porque no se habla claro. Llevamos muchos años trabajando en esto y el contenido de este decreto deja mucho que desear. Esto lo hace Cáritas y nos dicen de todo".

Sobre el presupuesto, la consejera Montero se habría comprometido a no sacarlo de lo ya prefijado para servicios sociales, apostilló a esta redacción el presidente de Cermi, José Manuel Porras, que señala que "estábamos bastante preocupados por no participar". El presidente del comité de representantes de personas con discapacidad señaló no obstante que "cada uno dio su opinión, y creo que en líneas generales el decreto viene a sumar". Según Porras, la consejera se comprometió a contar con estas entidades en el desarrollo del decreto. También a perseguir "como acusación particular" si se producen anomalías en los contratos de los ayuntamientos o en el destino del dinero para ayuda a domicilio que reciban las corporaciones locales. En la Mesa del Tercer Sector, constituida en julio, también se integran Cruz Roja, la ONCE, la Plataforma del Voluntariado y la Red de Lucha contra la Pobreza.

La Consejería de Salud enmarcó la cita como una "reunión de trabajo" y señaló que en ningún caso se dio a entender que Cáritas no compartía la norma.