Ciudadanos no va a hacer causa del consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, y no exigirá a la presidenta Susana Díaz que salga del Gobierno a pesar de que ha sido citado a declarar la próxima semana en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La razón que han dado tanto el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, como el vicesecretario general, José Manuel Villegas, es que el caso judicial no es un asunto de corrupción, sino otro de índole administrativo que ha terminado en la vía penal por voluntad de un demandante. Los hechos que se investigan corresponden, además, al tiempo en que Ramírez de Arellano fue vicerrector de la Universidad de Sevilla. “Este hombre lleva ocho meses en política, y el encargo del proyecto no correspondió a él, sino al rector de entonces”, se explicó ayer desde Ciudadanos. “No se trata de un caso de corrupción política, de meter la mano en la caja, sino de hacer mal un proceso, y no se le acusa ni de financiación irregular ni de cobrar mordidas", sostuvo Villegas en un programa de TVE1.  "Por lo tanto, no se va a pedir que salga este consejero del Gobierno de Andalucía", añadió. Desde la Presidencia de la Junta se explicó que el titular de Economía sigue gozando de la confianza de Susana Díaz.

El caso de Arellano viene de lejos, se trata de un pleito entre el Colegio de Arquitectos de Sevilla y la Universidad por el encargo de un proyecto para construir un centro tecnológico, el Centrius. Fue el rector de entonces, Joaquín Luque, quien encargó el proyecto por la vía de urgencia, debido a que iba a cambiar la calificación de la parcela. Esta vía, permitida por la ley, consiste en analizar tres ofertas limitadas a menos de 60.000 euros, y en eso es lo que difiere el Colegio de Arquitectos, defensor de que ese proyecto en concreto debía de haber salido a licitación pública. Ramírez de Arellano, vicerrector de Infraestructuras, puso su firma en el proceso. “El hecho de que todas las resoluciones hayan sido dictadas por Ramírez de Arellano por tener competencia para ello, conduce a dirigir contra él la investigación sin perjuicio de lo que de su desarrollo pudiera derivar”, sostiene la Sala de lo Civil y Penal del TSJA. El tribunal quiere estudiar varias irregularidades, entre éstas si el estudio seleccionado inició el proyecto antes de la adjudicación.

El pacto que Ciudadanos y el PSOE firmaron en Andalucía para dar su apoyo a la presidenta Susana Díaz incluía la expulsión de los imputados por casos de corrupción de las listas electorales, los cargos electos y los nombramientos. Fue por eso por lo que los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán dejaron el Congreso y el Senado, respectivamente. Sin embargo, otros casos derivados de gestiones administrativas de algunos delegados provinciales de la Junta, que han conllevado la imputación, han sido obviados.