La Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado una sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz que condena a un año y seis meses de prisión, por un delito contra la ordenación del territorio, al propietario de una vivienda construida en Chiclana en 2002, por ubicarse la construcción en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. La resolución también condena al procesado a pagar una multa de 4.320 euros por el mismo delito y otra de 480 euros por una falta de desobediencia a agente de la autoridad.

En 2002, el procesado mandó derribar parte de una casa construida sobre una parcela que había comprado y levantó en su lugar otra vivienda de una planta y 172 metros cuadrados de superficie, con cimentación nueva e independiente, asegura la resolución de la Audiencia. La finca en la que fue levantada la nueva vivienda fue incluida en 1997 en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.