La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que confirma los indicios contra la que fuera una de las primeras intrusas detectada en el escándalo de los ERE, María del Carmen Fontela, que fue incluida en el expediente de Río Grande, empresa para la que nunca trabajó y que percibió en su cuenta bancaria 155.507,31 euros, cantidad que según Alaya se repartirían entre Francisco González García de Vitalia y el conseguidor Juan Lanzas.

En un auto dictado que ahora se ha conocido tras el levantamiento del secreto de sumario, Alaya desestima el recurso que presentó la defensa de esta imputada y que pedía una serie de pruebas, entre ellas una caligráfica porque negaba que ella hubiera abierto la cuenta donde se ingresó el dinero. Alaya argumenta que fue la propia Carmen Fontela la que "desde siempre, en sede policial y judicial afirmó que unos meses después de fallecer su esposo acompañó a Francisco González para aperturar una cuenta bancaria", por lo que sería "indiferente" para la presente investigación que se confirmara la hipótesis de la defensa de que esa cuenta bancaria ya estuviera abierta desde el 2003, porque ese detalle es "irrelevante" para la "presunta cooperación, bien mediante dolo directo o eventual, que prestó Carmen Fontela al señor González para la percepción por éste de sumas mensuales a través de la cuenta" de su titularidad y tras haber suscrito su adhesión a la póliza de las ayudas.

Alaya concluye que, indiciariamente, Fontela intervino en el cobro y lo hizo "con el ánimo de favorecer a la persona que consideraba como un hijo, que no era otro que el señor González". Tras el rechazo del recurso de reforma, será ahora la Audiencia de Sevilla la que deba pronunciarse sobre el caso de Carmen Fontela.