La Consejería de Políticas Sociales ha mantenido los pagos para la ayuda a domicilio de dependientes del mes anterior a la entrada en vigor del estado de alarma en España. Lo mismo ocurre con los centros de días. Por tanto, no hay motivos para suprimir las prestaciones; sí, para modificarlas a causa de la epidemia de coronavirus, de ahí que esta Consejería haya dictado una orden, del sábado pasado, en el que mantiene como obligadas las labores de aseo personal, limpieza y ayuda a la compra de alimentación y farmacia, entre otras.

El departamento que dirige Rocío Ruiz ha informado de que el mantenimiento de los pagos se ha realizado para que no se pierdan empleos en el sector. 

La ayuda domiciliaria es prestada por los ayuntamientos y las diputaciones, bien con personal propio o con empresas contratadas. Aunque reciben parte del dinero de la Junta, la Consejería entiende que corresponde a las instituciones locales, que son las que vienen prestando el servicio, la gestión de cómo se organiza la ayuda domiciliaria en estos momentos. Rocío Ruiz ha enviado una carta al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, en la que le pide que siga las recomendaciones del Gobierno central y del Ejecutivo autonómico para que los ayuntamientos y diputaciones establezcan las medidas necesarias para gestionar el servicio de ayuda a domicilio.

Según un informe del gabinete jurídico de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la competencia en ayuda domiciliaria recae en las corporaciones locales, que aplican recursos propios en gestión directa o indirecta, por lo que la Junta carece de potestad alguna para "ejercitar" sobre el empleado público local o los contratistas y concesionarios locales.

La consejera, Rocío Ruiz, ha remitido una misiva al presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, en la que hace referencia a diferentes recomendaciones de la secretaría de Estado de Derechos Sociales, en las que se establece que no se deben interrumpir en ningún caso las prestaciones domiciliarias básicas.

La titular de Igualdad considera que todas aquellas corporaciones locales o diputaciones que hayan optado por modificar o suspender la atención a domicilio deben acudir al Ministerio de Sanidad para recibir las indicaciones que sean pertinentes y comunicar su decisión. Ruiz también informa en la misiva de que, en la Conferencia Interterritorial que se celebró ayer martes, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales indicó que va a reclamar al Ministerio de Sanidad instrucciones concretas sobre este servicio.