"Los alcaldes tienen una función de impulso político y los técnicos tienen la suya. Ni los ciudadanos eligen a los secretarios ni los alcaldes hacen informes". Con estas palabras el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), eludió ayer hacer ninguna valoración sobre el informe emitido por el secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, referido a una práctica observada en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que podría conllevar "responsabilidades civiles, administrativas, disciplinarias e incluso penales". El "informe-propuesta" -que se ha elevado al teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, y al presidente de la GMU, Luis Martín-, hace referencia a distintos acuerdos adoptados en el Pleno relativos a expedientes abordados en el consejo rector de la GMU y que estaban firmados por un funcionario técnico de la Gerencia "que no asistió personalmente a la celebración y desarrollo" de las sesiones sino que quien estuvo presente fue el titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local, José Miguel Begines.

El alcalde insistió ayer en que su función como regidor de la capital cordobesa no es la de emitir informes técnicos sino el "impulso político", puesto que ese tipo de documentos son competencia de los secretarios. "Cada uno hace lo suyo", insistió, al tiempo que incluso ironizó con que en el momento en el que se cambien los papeles que cada cargo tiene encomendados "las cosas pueden ir a peor".

En el informe el secretario general del Pleno pide a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y el departamento de Recursos Humanos estudie el caso por si se deben iniciar expedientes sancionadores o, incluso, que el Consistorio ponga los hechos "en conocimiento de la Fiscalía en base a la trascendencia penal" que podría deducirse de estas conductas.