Triple frente contra el Gobierno central por su recurso contra el decreto antidesahucios y la posterior suspensión de la norma a instancias del Tribunal Constitucional (TC). La Junta, el PSOE-A e IU-LV-CA clamaron contra una decisión que consideran contraria al espíritu de los tiempos de escasez en los que se mueve España desde hace cinco años. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, reprochó al Ejecutivo de Mariano Rajoy "su insensibilidad" con las familias afectadas y le consideró "único responsable" de este problema social. Díaz exigió al Gobierno que explique "qué pactó con la banca y por qué se pone de lado del sistema financiero y los que han especulado". La suspensión de la norma se prolongará durante al menos cinco meses, aunque el TC tiene la potestad de alargar aquella hasta que resuelva sobre el fondo del asunto.

Desde Cádiz y frente a la Subdelegación del Gobierno, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, advirtió que el "sur se mueve" y "se rebela" contra las políticas "suicidas" del PP que tienen a Rajoy "como alumno aventajado". Maíllo apeló a la movilización ciudadana para defender la "capacidad" de Andalucía "para hacer normas en favor de las personas".

"Desde la defensa de la autonomía", añadió el relevo de Valderas al frente de la federación, "hacemos esta concentración" que se ha convocado en las ocho provincias andaluzas, "para decir que no nos resignamos a ese recurso de la desesperanza" presentado por el Partido Popular, en el que "le ha llamado profundamente la atención, la celeridad con la que el Tribunal Constitucional ha procedido a las suspensión del decreto".

"Vamos a lanzar una ofensiva a nivel institucional en pueblos y ciudades de Andalucía para que los ayuntamientos aprueben mociones en contra el recurso y a favor del decreto antidesahucio", proclamó ante alrededor de un centenar de personas.

También se pronunció el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, quien garantizó que los socialistas van a "dejarse la piel" y a "trabajar de forma permanente ante todas las instituciones" en defensa de las familias en riesgo de desahucio, "que lo están pasando realmente mal".

Tras mantener un encuentro en Málaga con representantes del sector turístico, Heredia insistió en que el decreto andaluz antidesahucios tiene "un profundo anclaje constitucional" y calificó de "disparate" e "indecencia" el recurso del Ejecutivo central, al tiempo que opinó que "el PP trata de bloquear en los tribunales una medida que supone solución para muchas familias". Para el PSOE-A, ésta es otra medida nefasta del Ejecutivo de la nación, que "ataca a la Junta y al pueblo andaluz, más cuando hay países europeos con normativas mucho más duras que el decreto autonómico para afrontar los desahucios y otras comunidades como Navarra aplican iniciativas similares, sin respuesta por parte del PP".

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, reiteró que el Gobierno central dialogará con la Junta, como así se le ha solicitado, pero "no va a retirar" el recurso interpuesto en el Tribunal Constitucional al decreto de la Función Social de la Vivienda. La delegada recordó que el Gobierno ya ha aplicado medidas desde marzo pasado para evitar los desahucios a personas en exclusión social, unas medidas, dijo, que "de verdad son efectivas y que están haciendo que se paralicen muchos desahucios en Andalucía". "Lo que no va a permitir [el Ejecutivo] es que haya desigualdad entre españoles y que se cree inseguridad jurídica no sólo para las personas en general sino para los propios desahuciados a los que el decreto no viene a beneficiar en ningún momento", concluyó.

Dieciocho expedientes de expropiación de viviendas a los bancos están afectados por la suspensión. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer el inicio de seis expedientes de expropiación temporal del uso de seis inmuebles en las provincias de Almería y de Sevilla, que fueron acordados con fecha del día 9 de julio. Por tanto, estos seis expedientes se suman a los doce que hasta el jueves habían iniciado los trámites para las expropiaciones del uso temporal de las viviendas a los bancos, y que se paralizan en conjunto hasta nueva orden.