El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha urgido este miércoles al Gobierno andaluz a garantizar por ley los suministros vitales, buscando fórmulas que no sean "recurribles" ante los tribunales, mientras que el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha reconocido que el Ejecutivo andaluz va "demasiado lento" en ofrecer una respuesta que vaya más allá de "medidas paliativas". 

Así se han pronunciado ambos dirigentes durante su participación en la inauguración de la Jornada 'Personas vulnerables y suministros vitales. Pobreza energética, pobreza hídrica y garantías de suministros vitales', organizada por el Defensor del Pueblo Andaluz en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur en Sevilla. 

Valderas ha apuntado que el Gobierno andaluz tiene que coger "el toro por los cuernos" en esta materia y que el hecho de que se trate de un "problema de Estado" –al tener el Gobierno las competencias en materia energética–, no es excusa para abordarlo con más velocidad de la que se ha tenido hasta ahora. "Tenemos que hacer más y se puede hacer más", ha asegurado el dirigente andaluz. 

En este contexto, ha anunciado que se va a celebrar una reunión de todos los departamentos del Gobierno andaluz que están implicados en esta materia para tomar una determinación sobre las líneas de actuación. Ha reconocido que en materia energética la situación es "más complicada" al no tener la Junta las competencias y tras haber recurrido el Gobierno al TC una moratoria de cortes de suministros vitales durante seis meses aprobada en Cataluña. 

Ante ello, Valderas ha defendido la posibilidad de que el Parlamento andaluz apruebe una proposición no de ley para su debate en el Congreso de los Diputados, en la que se urja al Gobierno central a dar una respuesta a esta problemática. Si bien, ha querido dejar claro que ello no significa que el Ejecutivo andaluz no vaya a seguir trabajando en la elaboración de un decreto-ley. 

En materia de agua, el vicepresidente de la Junta ha explicado que sí puede haber soluciones "más fáciles" desde las propias competencias de la Junta, a través de una posible modificación de la Ley de Aguas para garantizar, como ya ha hecho Cantabria, un mínimo vital de este suministro para las familias más desfavorecidas. 

Junto a ello, ha insistido en que las medidas que hasta el momento ha puesto en marcha la Junta, destinando 7,5 millones a los ayuntamientos para ayudas a las familias a las que les han cortado los suministros básicos o pueden verse en esta situación, "no son suficientes" ante el importante aumento de la pobreza.

Maeztu reclama un análisis "serio y riguroso"

El Defensor del Pueblo andaluz ha advertido de que la pobreza energética e hídrica es una "etiqueta" que cada vez agrupa a más personas, por lo que se requiere de una "respuesta urgente" por parte de las administraciones, pero no sólo de éstas, sino también de la colaboración de las empresas de suministro, que deberían ser "más flexibles". 

Ha lamentado que "por distintas circunstancias" la norma comprometida por el Gobierno andaluz para garantizar los suministros vitales aún no haya visto la luz y ha dicho esperar que pronto se convierta en una realidad y que ofrezca soluciones "efectivas" que impidan los 'desahucios energéticos'. 

Así, tras afirmar que la fórmula debe ser resultado de un análisis "serio y riguroso" de lo que han hecho en esta materia otros países y comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo Andaluz ha considerado "imprescindible" que se determinen cuáles son los consumos mínimos a garantizar y que haya tarifas progresivas "con bonificaciones y exenciones". 

Maeztu, que ha asegurado que la Oficina del Defensor del Pueblo, ha recibido un alto número de quejas en esta materia, ha dicho tener conocimiento de casos en los que familias cortan la luz por la noche, sin permitir a sus hijos que puedan estudiar por la noche "porque no pueden hacer frente al pago de las facturas".