Andalucía

El Defensor urge a salir al rescate de los parados que agoten el desempleo

  • Chamizo atisba un "drama" en dos meses y reclama ayudas temporales para las familias sin recursos y para hipotecados e inquilinos · Chaves anunció nuevas prestaciones para el colectivo, aún sin concretar

Ante una situación excepcional, medidas excepcionales. Al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, no le basta la batería de medidas anticrisis aprobada por los gobiernos y demanda la creación de "ayudas temporales" ante la situación de "vulnerabilidad" en la que se hallan y se encontrarán en los próximos meses numerosas familias andaluzas.

Esta petición se recoge en un capítulo específico sobre la crisis de la memoria anual de la institución presentada ayer a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves y que Chamizo explicó posteriormente en rueda de prensa. La población diana que motivó la urgencia del Defensor son las personas con problemas para hacer frente al crédito hipotecario o al pago del alquiler y los parados a los que se les agota la prestación por desempleo.

Para los primeros, Chamizo apeló al diálogo con la banca para la agilización de créditos y elogió la iniciativa de instar a las entidades financieras a cancelar unos meses el pago, pero lamentó que "en muchos casos no se atiende", para justificar su petición de nuevas prestaciones. Reclamó además que los ayuntamientos que otorgan ayudas para el alquiler alarguen los plazos más allá de los dos o tres meses actuales.

Otra situación "dramática" procederá de las miles de familias andaluzas que en abril o mayo finalizarán el cobro de la prestación por desempleo y seguirán sin trabajo. ¿Qué harán? La única vía que se le ofrece es el salario social, unos 300 euros mensuales con una duración de seis meses.

El Defensor se hizo eco de este problema "inmediato" y demandó la ampliación de la duración y "agilidad" para que esta prestación se abone mensualmente. La mayoría de los perceptores, unos 20.000, así lo hacen, explicaron fuentes de la Consejería de Igualdad, aunque también se les permite cobrar el salario en un único pago o en varios.

El informe aporta quejas que ilustran la petición del Defensor, como la de una joven de 30 años que manifestaba encontrarse sin trabajo, sin recibir ningún tipo de prestación y "la mayoría de las veces sin nada que llevarse a la boca". Lo único que pedía esta persona en su escrito de queja era información acerca de los comedores sociales de su localidad donde "den comida a los que no tienen recursos económicos".

El Gobierno central prometió medidas para este colectivo y también el presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció hace unas semanas prestaciones sociales destinadas a los desempleados de larga duración que se quedarán sin prestaciones básicas y complementarias. Un futuro plan que aún no se ha concretado.

Precisamente los anuncios de las administraciones sobre un "maremágnum" de ayudas carecen para el Defensor de una "traducción pedagógica", es decir, llevan al "despiste" de la ciudadanía que no conoce cómo beneficiarse de esas medidas y dónde. Chamizo solicitó un servicio de asesoramiento por parte de la Consejería de Economía.

Otro de los actores perjudicados por la crisis, que el Defensor prefiere denominar "recesión económica", son las pequeñas empresas y los autónomos. Chamizo llamó la atención sobre el alto grado de morosidad de las administraciones públicas, en especial, de los ayuntamientos, "que a veces tardan mucho tiempo en pagar" o son incapaces de afrontar sus deudas. En la memoria anual, el Defensor insta a que alguna institución financiera pública asuma las deudas contraídas con terceros por las administraciones públicas y facilite el pago anticipado de las mismas.

Y es que las quejas remitidas el pasado año, un total de 5.672, permiten al Defensor retratar el impacto de la crisis. Quejas por las largas colas en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o denuncias por las paralizaciones o reducciones en las ofertas de empleo público a nivel local o autonómico, que ponen de relieve para Chamizo la "paradoja", por un lado, de que la Administración esté lanzando planes de inversión urgente en obras públicas para crear empleo y, por otro lado, restrinja sus propias ofertas de empleo público.

El impacto sobre la población inmigrante, arrastrado a la economía sumergida, y el riesgo de brotes racistas que se pueden derivar de esta situación, cierra el capítulo específico sobre la crisis que dedica este año el Defensor del Pueblo andaluz.

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