La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, anunció ayer en el Senado que va a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el listado de las 55 administraciones locales y autonómicas que no han contestado a los requerimientos de información realizados por la institución que preside, entre las que se encuentran Estepona, Mijas y Alhaurín el Grande, Barbate, Sanlúcar, Granada, Almuñécar, la Consejería de Economía de la Junta y la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

En el caso de la Consejería de Economía, la Defensoría del Pueblo abrió una queja de oficio por la facturación irregular de electricidad.