La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha movido ficha, de forma muy tenua, en el caso de las facturas falsas de UGT, al ordenar que "se analicen" las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el asunto y que "se depuren responsabilidades". En caso de que los hechos se confirmen, el Gobierno que preside actuará "con total transparencia", afirmó ayer Díaz en Málaga, donde mantuvo un encuentro con el alcalde, Francisco de la Torre (PP).

Díaz reiteró, como ha venido haciendo desde su discurso de investidura, a comienzos de este mes, que será "implacable en cualquier elemento que suponga que un euro de lo público se sustraiga de manera ilícita de lo público". La jefe del Ejecutivo recordó su compromiso en el Parlamento de "exigir el mayor número de controles posible, tanto previamente como a posteriori, para que no se vuelvan a producir ningún tipo de circunstancias que permitan que nadie cargue sobre el erario público lo que no le corresponde".

Pero el PP andaluz no lo tiene tan claro. Su vicesecretaria de Organización y Política Municipal, Ana María Corredera, exigió a la Junta que "se posicione" y anuncie su personación en las diligencias judiciales abiertas contra UGT por las supuestas facturas falsas del sindicato. Corredera recalcó que, de no ser así, el Gobierno andaluz "estará aumentando la sospecha de complicidad por su parte y por la del Partido Socialista con la estafa de UGT en Andalucía".

A juicio de la parlamentaria popular, Díaz "no puede seguir callada ni un minuto más". XCorredera le pidió a la presidenta que aclare "si el Gobierno andaluz sabía que estaba pagando sobrecostes a UGT destinados a propaganda de la que el PSOE sacaba un beneficio electoral". "No nos creemos que ante lo que parece un modus operandi habitual nadie en el Gobierno supiese que se estaba estafando el dinero de los andaluces", declaró Corredera, quien se preguntó si a Díaz "le da igual lo que ha hecho UGT con el dinero de todos los andaluces".

Corredera ha subrayado que los populares no se creen que nadie en el Gobierno andaluz supiera que "se estaba desviando supuestamente el dinero que debía beneficiar a los trabajadores a fines políticos".