Andalucía

Díaz confía en que la "generosidad" de las dimisiones encauce el conflicto

  • El Gobierno andaluz sostiene que, sin el viceconsejero de Salud y sin el decreto de fusiones, se verá "quién tiene interés de verdad en la sanidad pública" y quién busca el interés partidista

Susana Díaz, durante la sesión de control de ayer en el Parlamento.

Susana Díaz, durante la sesión de control de ayer en el Parlamento. / juan carlos vázquez

"Yo no soy Rajoy, no dejo que los problemas se pudran". Tarde, pero con determinación, Susana Díaz confía en que ahora se podrá diferenciar "el grano de la paja" y comprobar "quién tiene interés de verdad en la sanidad pública" y quién se ha apuntado al conflicto con un interés partidista o con el objetivo empresarial de socavar la credibilidad de la "joya de la corona". La presidenta intervino ayer en una dura sesión de control, donde el PP quiso emplearse a fondo con el conflicto de la sanidad pública, el primer gran problema que se le plantea al Gobierno de Díaz más allá de los casos de corrupción derivados de otras legislaturas. Un viceconsejero fuera, el de Salud; el gerente del SAS, y el equipo gerente del hospital de Granada suman las dimisiones, "generosas" según la presidenta, que deben servir de muestra a los sindicatos y a los profesionales de la voluntad de rectificación de la Junta. El decreto de fusión de los hospitales de Granada, que le estalló al Gobierno andaluz como una olla a presión después del verano, es la prueba evidente de esta voluntad de la que la presidenta presumió en el Parlamento.

El líder del PP, Juanma Moreno, le pidió que diese "la cara, pida perdón y arregle el desastre de la sanidad". "Andalucía se está desangrando", afirmó. Susana Díaz mostró un correo electrónico de un dirigente del PP de Jaén donde aconsejaba a los integrantes de la plataforma provincial cómo articular la comunicación con los medios.

La fusión hospitalaria tiene sus razones médicas, pero la gestión "fue un desastre"

El Gobierno andaluz hace el siguiente análisis del conflicto de la sanidad: el SAS, la empresa que gestiona el inmenso aparato público, ha estado sometida durante cinco años a fuertes presiones presupuestarias que han sufrido, en especial, los profesionales. "La olla nos ha saltado en Granada, con un tema muy específico, como podía haber saltado en otra provincia", sostiene un alto cargo del Ejecutivo. El presupuesto destinado a sanidad se ha incrementado para 2017; se contratará a 3.000 profesionales si no hay recurso a la implantación de las 35 horas; hay un plan para eliminar la precarización de unas contrataciones que llegaron a ser de hasta dos horas al día, y se deben abrir este mismo año varios centros sanitarios y algún hospital. Con estas medidas en marcha, según el Gobierno, que se extienden por todo el territorio, hay que entrar allí donde hay problemas singulares: básicamente, Granada y Huelva. "En las demás provincias está el problema general, que se está solucionando, y el interés político de determinados partidos", se explica desde el mismo Ejecutivo de Susana Díaz.

Los argumentos de la crisis de Granada se han eliminado, han dimitido los negociadores y el decreto se ha anulado, por lo que ahora cabe volver a la casilla de salida: dos hospitales con carteras de servicio propias y urgencias finalistas. En el fondo, y esto se reconoce tanto desde Ciudadanos como desde el Gobierno andaluz, la fusión tiene un sentido, y es que la especialización mejora los resultados médicos: es mejor contar con un gran servicio de neurocirugía en una ciudad, aunque los usuarios se tengan que desplazar, que con dos distanciados donde la división de recursos produzca diferencias en la efectividad médica. Sin embargo, la gestión de la fusión "ha sido un desastre", se explica desde el propio Gobierno. Y no sólo la gestión, la concepción de los servicios de urgencias, también especializados, provocaba una gran desconfianza en los usuarios.

Aunque el proceso de fusiones se inició con los mandatos de María Jesús Montero el frente de la Consejería, se centró sólo en un principio en Sevilla con la unión de los equipos gerenciales de los hospitales del Virgen del Rocío y el Macarena, hubo algunas reticencias de profesionales, pero el problema no se filtró a los usuarios de la sanidad. El decreto de fusión de Granada, ya firmado por la consejera María José Sánchez Rubio, provocó un rechazo popular que no se notó hasta las manifestaciones multitudinarias de después del pasado verano. El nuevo consejero, Aquilino Alonso, originario de Granada, como su antecesora, ha intentado reconducir sin éxito, hasta ahora, las negociaciones.

El asunto de Huelva es bien distinto, desde hace tiempo la provincia carece de ciertos servicios, implantados en otras provincias, que obligaban al desplazamiento de algunos usuarios a Sevilla. El Gobierno confía en que la solución de la UCI pediátrica suponga un primer paso para atajar este inconveniente.

Uno de los problemas que el consejero se puede encontrar en Granada es el de la interlocución de la protesta, ya que, de una parte, están los sindicatos y los profesionales, y de otra el movimiento popular que se ha ido aunando en torno al médico Jesús Candel, apodado Spiriman, quien tras las dimisiones, ha subido un escalón más al culpabilizar a Susana Díaz.

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