Doñana está bien. Su estado de salud es más que aceptable, pero tiene amenazas sobre las que hay que actuar para no poner en riesgos su integridad. "En Doñana nada es fácil y todo se magnifica", actuar y emprender medidas sobre este espacio natural siempre crea controversia. Así se expresó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, en el Foro Joly que tuvo lugar ayer en Huelva, en el que hizo un repaso de la política medioambiental que desarrolla su departamento en sus distintas áreas como la gestión del agua, el aprovechamiento de los recursos naturales o los instrumentos de planificación.

Una de las amenazas se refiere al proyecto de almacenamiento que la empresa Gas Natural pretende llevar a cabo en el ámbito de Doñana. El consejero de Medio Ambiente reiteró el rechazo de la Junta al plan de la empresa gasística y anunció que tras la reunión mantenida hace poco más de una semana con el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, la Administración autonómica ha logrado que la Unión Europea (UE) solicite al Gobierno central toda la documentación sobre el proyecto, para que se pueda pronunciar al respecto. En concreto, se trata de una petición dirigida al Ministerio de Energía, al de Medio Ambiente, y a la Junta de Andalucía.

La Junta prevé el cierre de unos 1.000 pozos en la zona del Espacio Natural

Durante su intervención en el coloquio, Fiscal, que fue presentado por el portavoz de la gestora del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, explicó que toda la documentación solicitada tiene que ser remitida a las autoridades europeas antes del próximo 19 de febrero con "carácter de urgencia".

José Fiscal recordó que durante el encuentro le expresó al comisario la necesidad de que los proyectos de Gas Natural en el entorno de Doñana "se evaluaran de forma conjunta y no pieza a pieza" y solicitó su ayuda para que así lo realice el Gobierno central.

"La Junta no apoya el proyecto al entender que el entorno Doñana no es el lugar idóneo para una infraestructura de este tipo", según el consejero, que puntualizó que desde el Gobierno andaluz, hasta el momento, "se han tomado decisiones motivadas por informes para impedir que la obra roce este territorio protegido".

Fiscal mostró su "respeto absoluto" hacia esta "importante empresa y señera en la gestión de hidrocarburos", pero insistió en que el proyecto presenta incompatibilidades y en "entra en contradicción con el principio de cautela y precaución que debe tenerse con Doñana".

El Gobierno central es la Administración que tiene la competencia en la materia y ha avalado el proyecto. De hecho la compañía recibirá 6,3 millones de euros del Ejecutivo en concepto de retribución por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo del espacio natural.

La Junta sostiene que la parte esencial del mismo "está parada", ya que el subproyecto denominado Marismas Oriental no cuenta con la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Consejería de Medio Ambiente, por lo que la empresa ha presentado una reclamación patrimonial al Gobierno andaluz de 358 millones de euros.

En este contexto, Fiscal lamentó la falta de diálogo y comunicación del Gobierno (aunque espera tener algún contacto en breve) y descartó la posibilidad de presentar un conflicto de competencias, porque "no tiene ninguna posibilidad de prosperar".

Por ello, indicó que la información que aportará la Junta es clave para que la UE se pronuncie sobre "este asunto tan importante", teniendo en cuenta además que "mira con lupa" todo lo concerniente a Doñana.

Otro asunto que incide en Doñana y al que se refirió el consejero en su intervención, es el Plan de los Regadíos de la Corona Norte, que ha sido aprobado con un amplio acuerdo de la mayoría de los actores, al tratarse de un plan que por una parte da seguridad jurídica a los agricultores, y por otra garantiza la salud del espacio natural. La intención de la Consejería es impulsar al máximo su ejecución, que aúna actuaciones desde el punto de vista hidráulico, forestal y de la ordenación espacial.

Fiscal demandó a todas las partes concernidas confianza en que "aunando voluntades lograremos mantener un sector pujante para la economía onubense (la agricultura) y salvaguardar los valores de una joya natural incomparable".

La puesta en marcha del plan, con un ámbito de aplicación de quince años, se ha traducido ya en el cierre de unos 400 pozos y está previsto en total la clausura de unos 1.000 puntos de extracción de agua subterránea para riego. En este punto, sí resaltó la colaboración del Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, aunque recordó que está pendiente el trasvase de 15 hectómetro cúbicos de agua al Condado.

Una de las amenazas que se ciernen sobre Doñana ha desaparecido. Se refiere al dragado del río Guadalquivir. Según Fiscal, este proyecto ya no figura en ninguna agenda, ya que el Gobierno central ha informado a la Unesco de que no se llevará a cabo.

En su intervención también aludió al cambio climático y al congreso que se va a celebrar en Huelva el próximo mes de mayo, organizado por la Junta, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento onubense. Recordó que hace unos meses entró en vigor el denominado Acuerdo de París, el primer acuerdo internacional sobre cambio climático de carácter vinculante, firmado por 195 estados.

También señaló que la Junta ultima la primera Ley de Cambio Climático de Andalucía y que el cambio fundamental que supondrá esta norma en el día a día de la Comunidad es que, desde su aprobación, esta materia tendrá la consideración de política transversal. "Supone que a partir de su entrada en vigor toda actuación que se planifique deberá tener en cuenta el cambio climático y su contribución a evitarlo o adoptarse al mismo", dijo.

En relación a la industria, "un sector esencial de la economía andaluza, cuya contribución en el PIB debe crecer", rechazó que la normativa andaluza sea más exigente que en el resto de Europa y la obligación de ser exigentes en materia medioambiental cumpliendo la ley.