Andalucía

Durán minimiza el informe del letrado mayor del Parlamento

  • El PP lleva el rechazo de la Mesa al TC y denunciará al presidente, dos diputados del PSOE y uno de Ciudadanos.

No es vinculante. El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, sostiene que los informes jurídicos que pueda emitir el letrado mayor, Javier Pardo, no son vinculantes porque si lo fuesen, ¿para qué serviría el voto de los miembros de la Mesa? Ésta es la pregunta que se hizo Durán ayer ante el contundente informe del letrado en el que defiende que las proposiciones de ley entregadas por el PP y Podemos deben admitirse a trámite y pasar a Pleno, ya que no hay motivos para que hayan sido vetadas por el Gobierno. Es más, el letrado, en un escrito inédito por la contundencia de la advertencia, llega a señalar que "la dilación indebida" por parte de miembros de la Mesa podría "conllevar responsabilidades jurídicas personales".

Quizás, por ello, y aunque no sea vinculante, el presidente de la Cámara ha vuelto a convocar a la Mesa el próximo lunes para adoptar una decisión sobre estas dos proposiciones de ley -una sobre transparencia en las cuentas y la otra sobre la bonificación del impuesto de sucesiones- que están sirviendo para dejar partido en dos al Parlamento: de un lado, el PSOE y Ciudadanos, y de otro, el resto de la oposición: Podemos, PP e IU.

Juan Pablo Durán realizó este anuncio durante un breve encuentro que mantuvo en los pasillos del Parlamento con un grupo de periodistas. El representante de Ciudadanos, Julio Díaz, anunció que su voto cambiará tras la lectura del informe del letrado, por lo que las dos iniciativas podrían pasar a Pleno si pasan el filtro del lunes. Aun así, la diatriba sobre el reglamento será resuelta finalmente en los tribunales, ya que el PP presentará un recurso ante el Constitucional y denunciará a los tres parlamentarios del PSOE y al de Ciudadanos que están en la Mesa, una denuncia que, posiblemente, se hará por la vía penal. Por prevaricación. Los tres diputados socialistas son el propio presidente, Teresa Jiménez y Verónica Pérez y el de Ciudadanos, Julio Díaz.

El PSOE mantiene que tanto los votos como las opiniones de los parlamentarios son inviolables, por lo que sus acciones en la Cámara no pueden ser juzgadas por ningún tribunal. Una cuestión distinta es el del Constitucional, que ya se ha pronunciado sobre el mismo hecho pero con motivo de recursos llegados desde otros parlamentos autonómicos.

La razón de la polémica es el derecho de veto que el Gobierno andaluz tiene sobre aquellas proposciones de ley que, presentadas por la oposición, signifiquen una alteración de los gastos o los ingresos del Presupuesto. Aunque el Estatuto de Autonomía no especifique que el Presupuesto blindado es el que está en vigor, el informe del letrado y la comparación con otros textos de rango similar lo dejan bastante claro. Se refiere al actual, el que puede ser alterado, no los venideros, tal como sostiene el PSOE. De hecho, si las proposiciones de ley que afectan a presupuestos venideros pudieran ser vetadas por el Gobierno, el Ejecutivo estaría capacitado para vetar las mociones al proyecto de ley de Presupuesto, con lo que el debate se restringiría al día del voto.

El propio reglamento de la Cámara contempla la posibilidad de que la Mesa y el Gobierno discrepen, por lo que prevé que, en este caso, sea el pleno el que discuta su admisión a trámite. Pero al votar, se está produciendo un empate en la Mesa -hay tres votos socialistas en contra y tres a favor, más una abstención, la de Ciudadanos-, con lo que las proposiciones siguen bloqueadas, ni pasan ni se terminan de rechazar. La oposición sostiene que la abstención no niega la discrepancia, por lo que las dos iniciativas ya debían de haber pasado al Pleno.

El líder del PP, Juanma Moreno, justificó sus recursos porque, en su opinión, el presidente de la Cámara "está amputando la iniciativa legislativa" de los grupos del Parlamento. "El bipartito de PSOE y Ciudadanos ha superado al rodillo socialistas de legislaturas anteriores", inidicó el presidente del PP desde Dos Hermanas.

La batalla en la Mesa puede terminar afectando a las relaciones dentro de la Cámara y marcar toda la legislatura, ya que el PP también ha solicitado la dimisión de Durán.

Tanto Podemos como el PP creen que es incompatible, no desde un punto de vista legal, pero sí escasamente recomendable, que el presidente del Parlamento siga siendo el secretario general del PSOE en Córdoba, lo que le convierte en el cargo orgánico socialista más importante en esta provincia. El cargo de presidente suele llevar aparejado una apariencia de imparcialidad que todos los anteriores ha guardado. El más cercano es el de Mar Moreno, que dejó de ser la vicesecretaria general del PSOE andaluz cuando fue nombrada presidenta de la Cámara, aunque en su día se interpretó como lo contario: Manuel Chaves la señaló como presidenta para que dejase la Vicesecretaría. En cualquier caso, el argumento de la imparcialidad se mantiene intacto en las dos direcciones.

El secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, defendió "la intachable labor, la honestidad y la trayectoria" de Durán. Fuentes socialistas explicaron que el presidente trata de buscar un relevo a su cargo en Córdoba.

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