LA socialista Susana Díaz fue elegida ayer presidenta de la Junta de Andalucía por el Pleno del Parlamento autonómico gracias a los votos de los 47 diputados del PSOE y los 9 de Ciudadanos. Los parlamentarios del PP, Podemos e Izquierda Unida volvieron a votar en contra de la investidura de Díaz, como en las tres sesiones anteriores, aunque en esta ocasión sumaron 51 votos, al estar ausentes dos diputadas populares, por causas de fuerza mayor. La investidura pudo salir adelante por el cambio de posición de Ciudadanos, que también la había rechazado tres veces, a raíz de los acuerdos suscritos la tarde del martes entre los dos partidos, que acordaron 72 medidas de gobierno, relativas a la regeneración democrática y la transparencia, propuestas fiscales encaminadas a la reducción de impuestos y programas de recuperación económica y bienestar social. Susana Díaz será la máxima autoridad de la comunidad autónoma andaluza en la décima legislatura parlamentaria y sucede en el cargo, que ya venía ejerciendo sin haber pasado por las urnas, a Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, todos ellos socialistas. La votación de ayer por la tarde en el Parlamento será comunicada al Rey y al presidente del Gobierno, debiendo ratificarla el primero mediante un real decreto para su publicación en el BOE y en el BOJA, paso previo para la toma de posesión y el comienzo material de su mandato, que se ha retrasado casi tres meses por la falta de una mayoría absoluta resultante de las elecciones del 22 de marzo, anticipadas un año sobre el calendario político-jurídico previsto en el Estatuto de Autonomía. La mayoría absoluta que se registró ayer en el Parlamento se circunscribe al acto mismo de la investidura, pero Díaz habrá de gobernar con la mayoría relativa que le otorgan los 47 escaños socialistas, ya que los diputados de Ciudadanos no compartirán Gobierno con el PSOE, sino que permanecerán en la oposición. La correlación de fuerzas existente obliga a encarar la legislatura con un talante de consenso, negociación y diálogo, que obliga a los cinco partidos representados en la Cámara y, en primer lugar, al que va a concentrar el poder ejecutivo en la Junta de Andalucía. En sus manifestaciones de la primera sesión de investidura y posteriores, Susana Díaz se ha comprometido a poner en práctica esta nueva forma de gobernar, que por otra parte viene exigida también por la gravedad y persistencia de los problemas que sufre Andalucía. La toma de posesión de Díaz y la formación del nuevo Gobierno, a resolver en los próximos días, arrojarán las primeras señales sobre cómo se afronta la situación.