Los padres que así lo deseen podrán firmar un contrato con el centro educativo en el que estudia su hijo para comprometerse en fomentar el éxito escolar de los menores. Ésta es una de las medidas que recoge el borrador presentado ayer por la Consejería de Educación que regulará la convivencia en los centros docentes públicos y en el que la Junta persigue la participación de las familias en el proceso educativo.

Los familiares que firmen el contrato de forma voluntaria con el centro pueden asumir dos compromisos, uno pedagógico y otro de convivencia. Para potenciar la participación de las familias, se prevé la elección de un delegado de padres por cada aula.

La norma, que se pretende aplicar a partir del próximo curso, incluye también por primera vez protocolos de intervención ante agresiones a los profesores, a los que se les refuerza su protección con atención psicológica y jurídica, resaltó en rueda de prensa el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica.

Este protocolo, que se pone en marcha tras la colaboración entre la Fiscalía Superior de Andalucía y la Consejería de Educación, afectará a los docentes y también al personal de administración y servicios de los centros en caso de delitos o faltas cometidas por el alumnado o por personas de su entorno. De esta forma, las denuncias por agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave se canalizarán a través de los juzgados de guardia o de Menores o de las Fuerzas de Seguridad del Estado, matizó el consejero tras resaltar que no hay ninguna comunidad española con un protocolo de este tipo.

La norma incluirá por primera vez el acoso escolar a través de medios electrónicos o ciberacoso, la violencia de género y el maltrato infantil.

También a petición de la Fiscalía Superior de Andalucía y de la Consejería de Igualdad se incluyó que puedan ser identificados posibles casos de maltrato infantil producidos fuera del ámbito educativo, mientras que la inclusión de la violencia de género es una exigencia legal, matizó el consejero.

Además, la norma prevé elaborar planes de convivencia en cada centro y crear aulas de convivencia para "reeducar" a alumnos sancionados, y también se estudiarán colaboraciones con ONG para que los expulsados de los centros tengan alternativas en ese tiempo y que no se limiten a quedarse en sus casas, según el consejero. Otra novedad es el refuerzo de la tutoría electrónica para el intercambio de información entre las familias y los centros.