El Gobierno andaluz y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para poner en marcha en octubre o noviembre próximos la oficina contra el fraude y la corrupción política en la comunidad, organismo que fiscalizará los fondos públicos, la gestión de la Junta y sus contratos y adjudicaciones con terceros.

La creación de la oficina, pactada mediante la fórmula del decreto, por lo, que no requerirá que pase por el debate parlamentario, es el punto catorce del acuerdo de investidura suscrito por el PSOE-A y Ciudadanos y prevé dar protección a las personas que denuncien casos de corrupción en la administración andaluza y sus entes instrumentales.

Así lo avanzó en rueda de prensa el presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, quien situó la aprobación del decreto por el Ejecutivo andaluz para el próximo otoño, previsiblemente para octubre o noviembre.

El futuro organismo, que dependerá de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, estará regentado por funcionarios de la Junta que velarán y garantizarán la adecuada utilización de los fondos públicos.

"Se trata de un decreto muy completo que no requiere trámite parlamentario, con lo cual se creará una vez sea aprobado por el Consejo de Gobierno y contará con un presupuesto propio dentro del de la Consejería al que está adscrita la oficina", explicó Marín.

El acuerdo se concretó durante esta pasada semana, en la que la delegación negociadora de Ciudadanos mantuvo distintas reuniones con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios.

Marín confia en que, una vez el decreto pase por el periodo de audiencia previa y por el Consejo Consultivo, la oficina contra el fraude y la corrupción pueda estar funcionando al "cien por cien" en noviembre o diciembre.

"Después de lo ocurrido con los ERE y los cursos de formación era bueno poner en marcha herramientas para que este tipo de casos no vuelvan a suceder. Esto es ser útil y responder a los compromisos", aseveró sobre la labor de su partido desde que firmó el pacto de investidura.

El dirigente de la formación naranja precisó que la creación de la oficina no supone un incremento del gasto para la comunidad autónoma ya que serán funcionarios relacionados con la intervención o las distintas áreas económicas de la Junta los que formarán parte de la misma mediante un trasvase de puestos.

El responsable de la oficina (unas seis personas más los asesores) será nombrado por la titular de Hacienda, estará ubicada en la sede de esta Consejería y mantendrá un permanente contacto con la Cámara de Cuentas de Andalucía y con la Fiscalía.

Una de las novedades que contempla el decreto es la de dar protección a las personas que denuncien casos de corrupción en la Administración andaluza y sus entes instrumentales, un aspecto para al que Ciudadanos quiere dar cobertura legal en el futuro con la presentación de una proposición de ley sobre la protección de testigos.

En opinión de Marín, la iniciativa va a ayudar a "recuperar" la confianza en las instituciones y que cuando "alguien decida meter la mano se lo tenga que pensar", aunque también ha justificado la creación de la oficina en la idea de que "cuando algo no funciona hay que hacer algo diferente". El ámbito de actuación de la oficina será regional, si bien Ciudadanos ha realizado consultas jurídicas para conocer si podría ampliarse a las diputaciones provinciales y ayuntamientos andaluces.