El expediente abierto por la Universidad de Málaga al dirigente de Podemos Íñigo Errejón tiene una base cada vez más sólida: el investigador cometió dos "faltas disciplinarias" al "no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas" establecidas en su contrato como investigador y a "no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia". En resumen: incumplió su contrato con la universidad. Por ello la institución académica decidió suspenderle de empleo y sueldo provisionalmente.

Ayer trascendió que entre los documentos aportados por el director del proyecto de investigación, Alberto Montero, como prueba del trabajo desempeñado por el secretario de Política de Podemos "existen ficheros con fecha de última modificación anterior al día en que fue contratado", de manera que se considera "necesario y conveniente" que este extremo sea valorado por especialistas del Servicio Central de Informática de la UMA. Así se desprende del expediente que el instructor, Enrique Caro, elevó a la rectora, Adelaida de la Calle.

En su comparecencia del 28 de noviembre, Errejón declaró ante el instructor del expediente que "habitualmente" desarrolla su trabajo en Madrid. Y para justificarlo, se refirió a un "permiso verbal" que obtuvo por parte de Montero. Además, manifestó que había recibido otra remuneración económica, unos 6.000 euros, de un pagador distinto a la UMA en concepto de honorarios por la emisión de dos informes relacionados con las elecciones europeas.

Respecto a los espacios en los que realizaba su investigación, el dirigente de Podemos destacó su "domicilio, bibliotecas públicas y la Biblioteca de la Universidad Complutense". Montero argumentó estos hechos por la necesidad de acceder a "bases de datos y bibliografía de la que se carece en Málaga, especialmente en lo que a datos no digitalizados sobre censos de viviendas se refiere", y también a la "posibilidad de contactar directamente con actores implicados en la defensa del derecho a la vivienda".

El expediente, que consta de nueve páginas de extensión, recoge que tal circunstancia "debería haber sido prevista en la convocatoria del preceptivo concurso, haciendo constar el lugar de trabajo en Madrid", dado que el instructor entiende que no basta con "una simple autorización". El propio Errejón, por su parte, indicó que no había solicitado a la Universidad permiso para poder compatibilizar el desarrollo del contrato laboral suscrito el 17 de marzo con otros tipos de actividades remuneradas.

Tanto la resolución del 10 de enero de 2014 de la UMA, por la que se convoca a concurso público este tipo de contrato, como la comunicación del Jefe de Servicio de Investigación al de Personal de Administración y Servicios establecen como centro de trabajo el departamento de Derecho Financiero de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Asimismo, la cláusula 5ª contempla la "posibilidad de ejecutar trabajos en un lugar distinto al centro habitual" en una situación "de carácter ocasional y extraordinario y reversible que tiene la misma duración que la correspondiente a la finalización de los trabajos que determinan el cambio". En este sentido, el instructor apostilla "que la mayor parte del resto de trabajos asignados a Errejón pueden desarrollarse en cualquier lugar y no necesariamente en Madrid".

Según el dirigente de Podemos, la autorización verbal recibida por parte del responsable del proyecto no tenía establecido límites "salvo que alcanzara los objetivos y que tuviera una disponibilidad para venir a la UMA cuando fuera requerido". Para el instructor, esta conducta, que considera "contraria a una buena práctica administrativa que exige su constancia y concreción por escrito", carece de "eficacia ante terceros".

"Que demuestren la injerencia de la Junta"

La consejera de Fomento de Andalucía, Elena Cortés, retó ayer a Podemos a demostrar sus acusaciones de que la decisión de la Universidad de Málaga (UMA) de suspender provisionalmente de empleo y sueldo al secretario de Política, Íñigo Errejón, está relacionada con "presiones" de la Junta andaluza. Cortés respondió así al portavoz y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y los Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, quien afirmó el día anterior que le gustaría "pensar" que la decisión de la UMA sobre Errejón "no ha tenido nada que ver con las presiones" de la Junta de Andalucía" y con las declaraciones de su presidenta, Susana Díaz. La consejera, que inauguró en Córdoba el Centro de Recepción de Visitantes (CRV), a donde llegó en bicicleta, recordó que "en democracia creo que estamos acostumbrados a que las acusaciones hay que demostrarlas, y no tengo nada más que añadir a eso". La titular de Fomento y Vivienda, departamento que encargó a la Universidad de Málaga el proyecto para el que trabajaba Errejón, zanjó así por su parte la polémica, ya que no quiso entrar en más detalles ni opinar sobre las explicaciones dadas por el dirigente de Podemos, quien considera que la UMA sólo le reprocha un "error administrativo". También la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, hizo ayer algunas referencias al caso, para pedir que "todo el mundo sea ejemplar" en el gasto de los recursos públicos. Díaz defendió la autonomía de la Universidad en su decisión. "Yo soy respetuosa con la autonomía de la Universidad, lo he sido siempre y lo voy a seguir siendo, y no voy a entrar en esas cosas", subrayó. La jefa del Gobierno andaluz insistió en la importancia de que "todo el mundo sea ejemplar a la hora de gastar los recursos públicos, que son de todos". Sobre si la Junta va a pedir la devolución del dinero destinado a ese proyecto de investigación, afirmó que si se demuestra que el trabajo no se ha hecho, la Junta "actuará, evidentemente, igual que en todos los casos".