FRAUDE EN LA FORMACIÓN

Ex directores generales abrieron el grifo a un "reparto arbitrario"

  • Alaya señala a la cúpula de Formación de la Junta y destaca una actuación "concertada y coordinada" a nivel central y provincial para que se siguieran pagando las ayudas sin justificar las anteriores.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los cursos de formación, acusa a los ex directores generales de Formación de la Junta Teresa Florido, María José Lara, Manuel Brenes, y Andrés Sánchez de haber contribuido "decisivamente" durante sus respectivos mandatos al mantenimiento de un sistema de gestión de las subvenciones que implicaba indiciariamente un "reparto arbitrario de los fondos públicos" destinados a los cursos de formación.

 

En la imputación formal realizada a estos ex altos cargos, la magistrada describe una "actuación concertada y coordinada tanto a nivel central como a nivel provincial" que permitiría, "a sabiendas de su injusticia y del daño que se podía causar al erario público, mediante acción u omisión", que se produjeran "múltiples incumplimientos de la normativa en materia de subvenciones para acciones formativas, tanto en el ámbito de la concesión como en el del pago y especialmente en el de la justificación del destino de los fondos subvencionados".

 

Alaya, que imputó delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones cuando fueron puestos a su disposición, recuerda que el informe de Cumplimiento realizado por la Intervención General de la Junta correspondiente al ejercicio 2012 revelaba indiciariamente la "existencia de un uso ilícito de los fondos públicos permitiendo que estos se usaran para finalidades distintas del objeto de las subvenciones concedidas, pues con carácter general se acudía a la figura de la exoneración de la justificación para proceder a nuevos pagos de subvenciones existiendo justificaciones pendientes".

 

En la mayoría de los expedientes las justificaciones estaban fuera de plazo, "a veces sin aportar siquiera resoluciones de exoneración, sin el certificado de finalidad del órgano gestor, y sin  haberse iniciado procedimiento de reintegro por parte de la imputada existiendo un total acumulado pendiente de justificación de más de 705 millones".

 

Por lo que se refiere a los expedientes de las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) los informes de Cumplimiento de 2009 a 2012 ponen de manifiesto igualmente "carencias de especial relevancia en la gestión de dichos expedientes, especialmente en materia de justificación, informes estos últimos que concluyeron que el SAE había incumplido la legalidad vigente".

 

Todas estas irregularidades, tanto a nivel central como provincial, habrían sido facilitadas por la "actuación coordinada" de los responsables del SAE, de forma que de manera "uniforme, siguiendo el mismo patrón en todas las provincias, éstos habrían posibilitado la comisión de este fraude al no realizarse las labores de control y comprobación que impone la legislación aplicable".

 

Esos incumplimientos, según la instructora, afectaban a todas las fases de las subvenciones, desde la inicial de concesión  de las ayudas, a la fase de control y seguimiento del desarrollo de las acciones formativas -"poniendo al personal dedicado a estas labores todas las trabas posibles para impedir las mismas, retirándoles vehículos y dietas o prohibiendo directamente las labores de inspección"-; y también en la fase de justificación, emitiéndose por los órganos gestores certificados dirigidos a la Intervención de la Junta en los que se exponía que los fondos objeto de subvención se aplicaban al objeto de la misma y que los justificantes correspondientes exigidos por la normativa se encontraba en su poder, lo que "frenó" la actuación de la Intervención que hubiera puesto de manifiesto la "falsedad de dichos extremos".

 

Otro instrumento para posibilitar la ausencia de justificación eran las resoluciones de exoneración, que permitían la realización de nuevos pagos "a pesar de que no se hubiesen justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad". Estas resoluciones, según Alaya "en calara contravención" con el artículo 124 de la ley de Hacienda Pública de Andalucía, comenzaron a dictarse a partir de 2009 con carácter general, año tras año, incluso varias en un mismo año, "favoreciendo a beneficiarios distribuidos por toda la Comunidad Autónoma que no habían justificado adecuadamente y en plazo las subvenciones recibidas", lo que alcanzó la cifra de 950 millones de euros hasta el ejercicio 2013 y con "efectos graves para el erario público".

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