La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a cuatro de los trece procesados del llamado caso Fara (Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes) por tres de los cinco delitos que la Fiscalía les imputaba. El tribunal, sin embargo, no considera que con las pruebas disponibles pueda demostrarse el blanqueo de capitales y la apropiación indevida de 1,2 millones de euros proveniente de subvenciones.

La sentencia castiga al ex presidente de Fara, Vicente Rodríguez, a 33 meses de prisión por los delitos de amenazas y coacciones al ex consejero de Asuntos Sociales del Gobierno andaluz, Isaías Pérez Saldaña, y a un funcionario autonómico. El ex presidente de la Asociación Pro Derechos de los Gitanos y Gitanas deberá pasar 15 meses en prisión por un delito de amenazas. Otros dos acusados han sido condenados a 18 meses de prisión por el delito de falsedad en documento mercantil y a una multa de 3.250 euros.

La investigación de este caso reveló la propiedad de los acusados de inmuebles, una flota de vehículos de lujo y cuentas bancarias, además del uso de rentas no declaradas fiscalmente. Bienes conseguidos, según el fiscal, por los fondos subvencionados de la Junta. Durante la causa judicial, los abogados defensores intentaron invalidar las pruebas de cargo contra sus clientes porque se obtuvieron a través de escuchas telefónicas anuladas. La sentencia reconoce que la falta de pruebas derivada de la anulación de estas intervenciones ha llevado a absolver a nueve de los procesados.