El actual Gobierno andaluz presume de gestión económica casi con la misma intensidad que lo hacía el anterior. El segundo –y último– mandato de Susana Díaz coincidió, en gran parte, con los mejores años de la recuperación económica. Mejoró elcrecimiento económico, se redujo el desempleo y se recuperaron los niveles de inversión en determinadas materias.

Pero no todo es reluciente ahora –el Ejecutivo de PP y Cs no podrá cumplir el objetivo de déficit en su primer año–, ni tampoco lo era antes, como se encargan de recordar los expertos de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que en un informe alerta del “deterioro” en el saldo presupuestario “estructural” de Andalucía entre 2016 y 2018, es decir, los últimos tres años con una socialista al frente de la Junta.

El documento, elaborado por la economista Carmen Marín, permite conocer con detalle la situación presupuestaria de las comunidades entre 2014 y 2018. La conclusión, si se atiende al conjunto de las regiones, es un varapalo a los esfuerzos por reducir el déficit, como exige la ley de Estabilidad Financiera.

“No ha habido (...) ningún esfuerzo de consolidación fiscal”, apunta el informe respecto a la situación general, pero lo cierto es que el documento de Fedea detecta “heterogeneidades” entre territorios y Andalucía, con La Rioja y Castilla y León, se encuentra en el vagón de cola.

Para hacer esta afirmación hay que atender al saldo presupuestario estructural, es decir, al balance de las cuentas andaluzas que no depende del ciclo económico. En los años analizados por Fedea, Andalucía ha tenido un comportamiento variable en la “legislatura autonómica” que va de 2014 a 2018. La comunidad, por su carácter histórico, tiene un calendario electoral distinto, pero la investigación de Carmen Marín abarca casi por completo el mandato de Susana Díaz, salvando los últimos meses de 2013.

En 2014 este saldo estructural fue del 0,2% del PIB y en 2015 mejoró hasta el 0,6%, pero la situación cambió en los tres años sucesivos. En 2016 cambió al déficit del 0,4% del PIB, en 2017 empeoró hasta quedarse en el 0,7% y en 2018 hubo una leve mejora, para quedar fijado en un resultado negativo del 0,5%. La variación entre 2014 y 2018 resulta en un empeoramiento del 0,7% del PIB, lo que sitúa a la región mal parada respecto a la media de comunidades.

A pesar de esta tendencia, Andalucía cumplió siempre el objetivo de déficit impuesto por Bruselas y pactado entre el Estado y las comunidades.Según el análisis de Fedea, el buen hacer de la Junta socialista en esta materia tiene algo que ver con los efectos del ciclo económico. La región comenzó la “legislatura económica” con un déficit cíclico del 1,3% del PIB, que se fue reduciendo al 0,7% en 2015 y al 0,3% en 2016 para alcanzar el equilibrio en 2017 y un superávit del 0,2% en 2018. La variación en este lustro resulta en un saldo positivo del 1,5% del PIB andaluz, lo que deja a la comunidad por encima de la media estatal.

El propio documento, en sus conclusiones, incluye una llamada la “cautela” por la falta de información que hay sobre determinadas “operaciones o medidas” que afectan a las cuentas de las regiones durante el periodo analizado. Fuentes cercanas al último Gobierno de Susana Díaz aluden a esta realidad, pero también explican que el cambio de tendencia en el saldo estructural desde 2016 está íntimamente relacionado con la gestión de los fondos europeos. Según estas mismas fuentes, las regiones que reciben grandes cantidades de las instituciones comunitarias realizan gastos en determinados años en previsión de recibir ingresos en virtud a esas inversiones varios años después.

La polémica por el desvío de 2018

Hay otro factor determinante relacionado directamente con la polémica que ha enfrentado a la Junta de PP y Cs con el Ministerio de Hacienda en las últimas semanas del año. En ocasiones, las cuentas de las regiones acaban desequilibrándose –en positivo o en negativo– por razones ajenas a la propia gestión.

Ocurre, por ejemplo, cuando una sentencia judicial provoca un gasto o un ingreso inesperado. Es lo que le ocurrió a la Junta a finales de 2018, cuando la sentencia del Metro de Sevilla provocó un aumento imprevisto del gasto que acabó generando un incumplimiento del déficit del 0,1% del PIB. En Canarias, por contra, se produjo una situación similar que aumento el superávit de las islas en un 1% del PIB.

El informe de Fedea tiene en cuenta estas variaciones –denominadas one-off en la terminología económica–, pero sólo en 2018. La institución no cuenta con información del resto de años analizados, por lo que resta estos posibles gastos o inversiones de la ecuación. Es por ese motivo por el cual, las mencionadas fuentes también hacen un llamamiento a la cautela con el resultado del informe de Fedea.