El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, dejó claro ayer a los regantes de Doñana que llevan una semana acampados ante la Delegación del Gobierno de la Junta en Huelva, que el Ejecutivo autonómico "no va a andar ni un milímetro fuera de la ley". En declaraciones a los periodistas en Huelva, Fiscal se refirió a la acampada, que dura ya una semana, y, aunque mostró su respeto ante la movilización, insistió en que se va a cumplir la ley.

Fiscal precisó que "dentro de la ley estamos haciendo todos los esfuerzos, buscando todos los resquicios, todas las oportunidades para que el mayor número posible de hectáreas pueda normalizarse, pero fuera de la ley no vamos a andar ni un milímetro, es una perogrullada que conviene recordar". El consejero lanzó, en este sentido, una seria advertencia: "Si alguien considera que la presión nos va a hacer cambiar de opinión, de modo de actuación en este asunto, se equivoca". El titular de Medio Ambiente añadió que la Junta apuesta "por el diálogo continuo con todos".

Fiscal hizo hincapié en que "es difícil demostrar más intención de dialogar, de llegar a un acuerdo; pidieron una mesa de trabajo y nos mostramos partidarios, han pedido una reunión y se va a tener, a ver qué dará de sí, pero no depende únicamente de nosotros".

El consejero explicó que "prácticamente lo que piden es una amnistía, pero vamos a cumplir la ley porque esta trasciende al propio plan que sólo coordina las distintas leyes del entorno" y ha recordado que de las 1.500 hectáreas que los agricultores sostienen que se quedan fuera del plan de la fresa por la aplicación de la Ley Forestal de 1992 "ya hay 500 que se han legalizado".

Entretanto, todos los grupos políticos de la Diputación de Huelva condenaron ayer los ataques a las viviendas del presidente de la institución, Ignacio Caraballo, y de la delegada territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Rocío Jiménez, del pasado viernes. Pero su censura a los actos vandálicos llegaron en dos comunicados distintos: por un lado, PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos, remitido por la propia Diputación, y, por otro, el PP, porque la vinculación de estas agresiones con las protestas de los agricultores contra el Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana "no está acreditada".