La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al Alto Tribunal que confirme íntegramente la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE, en la que fueron condenados 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la concesión durante una década de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según han confirmado a este periódico fuentes de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía del Supremo se ha opuesto a los recursos presentados por las defensas de los 21 ex altos cargos que fueron condenados en la sentencia de la Audiencia de Sevilla del 19 de noviembre de 2019, y que han solicitado la absolución. Según las mismas fuentes, los fiscales del Alto Tribunal mantienen el criterio que en su momento expuso la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que decidió no recurrir la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, y ahora han impugnado las alegaciones de las defensas de los ex presidentes y de los demás ex altos cargos condenados.

El Ministerio Público aceptó la decisión de la Sala de la Audiencia de absolver al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez -a quien la Fiscalía había solicitado seis años de cárcel, por delitos de prevaricación y malversación- y al ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, para quien habían solicitado una condena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Además de estas dos absoluciones, el tribunal absolvió del delito de malversación -por el que se enfrentaban a penas de entre seis y ocho años de prisión- a otros cuatro ex altos cargos que, no obstante, sí fueron condenados por prevaricación a penas de inhabilitación. Se trata de los ex secretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y del ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete.

Todas las defensas recurrieron la condena y en el caso de Griñán, su abogado, José María Calero, sostuvo que el fallo no da explicaciones y se basa en "meras presunciones" y en "presunciones de presunciones". La defensa niega que los hechos probados encajen en los delitos de prevaricación y de malversación, puesto que "no establecen la premisa objetiva y necesaria de quetuviera a su cargo por razón de sus funciones los fondos del programa 31L, ni que tuviera vínculo, relación o participación alguna en su gestión o administración".

Por su parte, la defensa de Manuel Chaves alega que "no existe prueba de cargo en la que sustentar su condena, pues lo que el Tribunal a quo presenta como tal prueba de cargo no es más que un compendio de prejuicios, juicios de valor, elucubraciones, sospechas y presunciones contra reo, basadas en supuestas inferencias que carecen del más mínimo apoyo en unos hechos que quedaran acreditados en el Juicio oral".

El escrito presentado por el abogado Pablo Jiménez de Parga señala a lo largo de sus 81 folios hasta siete grandes motivos para recurrir en casación la sentencia, que considera "no es ajustada a Derecho, así como gravemente perjudicial" para los intereses de Manuel Chaves.

En la sentencia, histórica y muy dura, la Audiencia de Sevilla condenó al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán a 6 años y 2 días de prisión y a inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por un delito continuado de prevaricación en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos, mientras que Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Más de 1.800 folios