La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición de archivo realizada por la defensa del ex ministro de Sanidad Bernat Soria, que ha sido procesado por un delito de frustración de la ejecución por transmitir a sus dos hijas una serie de bienes para presuntamente no pagar una deuda de 400.000 euros.

El fiscal, en un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sostiene que la solicitud de archivo se basa en ciertas afirmaciones que "carecen de relevancia en las presentes actuaciones y que se apartan del objeto de la investigación, tales como las referidas al orden de la deuda, a la forma de proceder de la Agencia Tributaria, a la ausencia de reclamación de la deuda o a la insinuación de que realmente el querellado es la víctima otros delitos cometidos contra él".

De ahí que, según el fiscal, la petición de archivo trata simplemente de "generar confusión en unos hechos sencillos como son la realización de donaciones por parte de Bernat Soria a sus hijas que careciendo de justificación económica o empresarial, han propiciado su declaración de insolvencia y han derivado, en términos del Código Penal, en que se dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación".

La defensa se ha afanado en tratar de demostrar que el ex ministro "no era insolvente" y podía hacer frente a cualquiera de los pagos previstos porque, entre otras cuestiones, "su salario profesional como catedrático de Medicina de la Universidad era de 79.000 euros al año" y porque además tenía una empresa, NBT S.A., valorada por el administrador concursal en más de diez millones de euros", así como la propiedad d otras empresas con valor superior a los dos o tres millones. También alegó que tenía pendiente de juicio y resolución judicial una demanda contra la Junta en la que reclama sus derechos de patentes por importe de otros 40 millones.

Sin embargo, para la Fiscalía estas afirmaciones no demuestran su solvencia, "ni ahora ni en el 2019, puesto que debe recordarse que se trata de una deuda asumida como persona física, por lo que la valoración de una mercantil corresponde con eso mismo, es decir, con una mercantil y no con el patrimonio de su administrador". Así, añade que el salario anual de una persona ya jubilada "no da ni siquiera apariencia de solvencia, máxime cuando se correspondería con 79.000 euros anuales frente al despacho de ejecución por 400.000 euros de principal, más otros 119.000 euros presupuestados para intereses y costas".

En definitiva, el Ministerio Público sostiene que los únicos activos de los que disponía el ex ministro fueron transmitidos, "sin ninguna justificación económica que no fuera el eludir el pago de sus deudas a sus hijas, lo que motivo una despatrimonialización fraudulenta que han hecho inviable la ejecución de una deuda líquida, vencida y exigible, siendo obvio que el querellado conocía de su existencia y del procedimiento civil de reclamación que se iniciaría para exigir su pago".