Delito electoral

La Fiscalía pide una multa de 2.160 euros a los ocho taxistas que reventaron el mitin de Susana Díaz

  • Les atribuye un delito electoral por haber perturbado el acto y provocar la suspensión del mismo con gritos e insultos

Una captura de un vídeo con los incidentes en el mitin de Susana Díaz Una captura de un vídeo con los incidentes en el mitin de Susana Díaz

Una captura de un vídeo con los incidentes en el mitin de Susana Díaz / M. G.

La Fiscalía de Sevilla ha reclamado una condena de 2.160 euros para cada uno de los ocho taxistas procesados por haber reventado el 22 de noviembre de 2018 un mitin de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, Susana Díaz.

El Ministerio Público ha presentado en el juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla su escrito de conclusiones provisionales, en el que atribuye a los ocho taxistas un delito de alteración de orden de un acto electoral, tipificado en el artículo 147 de la ley orgánica de Régimen Electoral General. Este artículo prevé condenas de entre tres meses y un año de cárcel o una multa de seis a 24 meses para los que "perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales".

La Fiscalía ha reclamado, en concreto, una multa de 12 meses a una cuota diaria de seis euros para los ocho taxistas investigados, entre los que se encuentra Antonio Verlade, presidente de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, entidad que también está siendo investigada por otro juzgado que instruye la macrocausa por la mafia del taxi, en relación con el monopolio del servicio del taxi en el aeropuerto de San Pablo y con los incidentes protagonizados con los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).

En cuanto a los hechos que serán enjuiciados en los próximos meses, la Fiscalía relata que sobre las 19:15 horas del 22 de noviembre de 2018 los ocho taxistas "se concertaron para, actuando conjuntamente con varias decenas más de miembros de ese gremio, desplazarse hasta el teatro Romero San Juan", ubicado en la localidad de San Juan de Aznalfarache, donde la candidata a la presidencia de la Junta por el PSOE, Susana Díaz, tenía previsto celebrar un acto electoral con motivo de la campaña para las elecciones andaluces del 2 de diciembre.

Los taxistas, continúa el fiscal, pretendían hacer visible determinadas reclamaciones profesionales y ejercer presión para que se resolvieran, por lo que se ubicaron tanto a la entrada como en el hall de acceso al anfiteatro, "gritando, haciendo sonar bocinas y profiriendo insultos contra los organizadores y asistentes, tales como hijo de puta, maricón, eres el perrito de Susana, zorra socialista, etc.", sostiene el Ministerio Público.

Los taxistas "llegaron a obstaculizar el paso a los asistentes que pretendían acceder al recinto y logrando cortar finalmente el paso hasta la única puerta de entrada que la organización había mantenido abierta para evitar el acceso a los alborotadores, impidiendo por último la celebración del acto, que hubo de ser suspendido por la organización para evitar más incidentes".

La petición de la Fiscalía se produce después de que la juez de Instrucción número 1 procesara a los ochos taxistas, quienes según la instructora "empujaron a los asistentes al acto electoral, lanzando insultos y golpeando la puerta de cristal del teatro donde se iba a celebrar, llegando a cerrar el cordón o pasillo de seguridad que el personal del PSOE había establecido para la entrada de los asistentes al acto, no llegando a poder entrar la candidata que iba a participar en el acto de campaña electoral", que fue suspendido.

La instructora consideró en ese auto que existen "motivos suficientes" para atribuir la perpetración de un delito electoral, por coacciones, a los ocho taxistas investigados, a los que procesó por este delito.

En abril pasado, la juez citó a los ocho taxistas a declarar, pero todos ellos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar porque, según explicó entonces su defensa, inicialmente había un grupo de 12 investigados pero se ha hecho una "selección de selección de personas" hasta reducir este número de imputados a ocho, quienes además ya han declarado cuando fueron llamados por la Policía Nacional en el curso de la investigación y "no van añadir nada a lo que se dijo a la Policía".

Estos ocho taxistas están en algunos casos relacionados con otros incidentes en los que se han visto implicados Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), e incluso hay algunos que figuran como investigados en la macrocausa por la mafia del taxi que investiga el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla.

El abogado de los taxistas defendió que no hubo ningún acto violento durante la protestas en el mitin de Susana Díaz, un hecho que, según asegura, ha sido avalado incluso por dos miembros de la organización del mitin, adscritos a la agrupación provincial del PSOE de Sevilla, quienes según el letrado coincidieron en afirmar que el acto de la campaña electoral de los socialistas en el teatro Romero de San Juan de Aznalfarache "se pudo haber celebrado", porque el teatro estaba lleno pero el personal no encontró la llave de la entrada que utilizan "los artistas" y por ese motivo no se pudo celebrar el acto. 

Ante la juez de Instrucción número 1 de Sevilla, Elvira Alberola, ya declararon el secretario de organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, y el secretario de coordinación, Juan Antonio Barrionuevo, quienes ratificaron la denuncia y explicaron que el boicot al mitin fue un hecho “muy violento y desagradable”, llegando incluso a afirmar que “nunca habían visto nada igual”.

Otras fuentes apuntan que los taxistas tenían intención de hablar con la entonces presidenta de la Junta "antes o después del mitin", por lo que niegan esa supuesta violencia en la concentración de los taxistas.

De los ocho taxistas citados a declarar por la Brigada de Información, sólo algunos de ellos accedieron a prestar declaración en su momento ante la Policía, y otros tantos se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas de los investigadores.

El atestado elaborado por la Policía fue remitido inicialmente a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que mantiene abierta una macrocausa en la relación con la mafia del taxi, por si los hechos podrían enmarcarse dentro de la supuesta trama criminal que se instruye por los incidentes relacionados con las actuaciones de los taxistas en el aeropuerto de San Pablo, así como por los ataques que han sufrido diversos conductores de las empresas de VTC y también por el incendio el 2 de mayo de 2017 en una villa de Castilblanco de los Arroyos de nueve coches de Cabify que llegaron como refuerzo para la Feria de Abril, causa esta última que ha sido reabierta ahora.

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