La empresa Fitonovo, que la juez Mercedes Alaya sitúa en el centro de la "organización criminal" que corrompía a funcionarios y cargos públicos con mordidas y dádivas, también defraudó importantes cantidades a la Seguridad Social porque, según la Guardia Civil, esta sociedad llegó a pagar a sus trabajadores durante una década hasta 4,5 millones de euros en dinero negro procedente de la misma caja B de la que salían las comisiones ilícitas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura en un informe que consta en el sumario de la operación Madeja -que tiene 10.000 folios y cuyo secreto fue levantado el pasado viernes- que esa caja B de Fitonovo se nutría de la "facturación falsa" o no declarada que ésta tenía con un gran número de proveedores y que se empleaba para diferentes propósitos, como el pago de las mordidas a funcionarios, la realización de inversiones y la "distribución de dividendos con las que se reintegraba al tráfico económico ordinario el dinero negro procedente de dicha caja B".

Según los investigadores, Fitonovo pagaba mensualmente a un buen número de empleados los salarios con dinero de esa caja, por lo que estas cantidades "no estarían declaradas como retribuciones salariales a la Administración y sobre las que no se practicaban las obligadas retenciones a la Seguridad Social".

Estos pagos con dinero negro no eran esporádicos, sino que según el instituto armado formaban parte del "funcionamiento ordinario" de la empresa. De acuerdo con los datos obtenidos de la documentación intervenida a la empresa, entre 2003 y 2012 Fitonovo pagó 4,5 millones de euros en salarios en B a sus empleados, destacando los años 2005, 2006 y 2007 como los que se produciría el mayor fraude a la Seguridad Social, puesto que en estos ejercicios se abonaron salarios por importe de 648.360,26, 722.203,97 y 829,395,65 euros, respectivamente. El último año sobre el que la Guardia Civil informa, el 2012, la cifra de salarios pagados en negro se había reducido considerablemente hasta los 118.616,61 euros. Dice la Guardia Civil que estos pagos a los empleados de Fitonovo representaban una "retribución variable", es decir, se le pagaba con este dinero una parte de su salario, aunque también hay casos en los que la remuneración en B se abonó por el total del salario que debía percibir el trabajador, algo que ocurría con el personal que trabajaba para la familia del dueño de Fitonovo "en su entorno familiar o para el cuidado de su finca en La Ganchosa".

A juicio policial, estos pagos se realizaban de la caja B con la finalidad de que las nóminas que figuran legalmente fuesen "inferiores y por tanto las cantidades a retener para el pago a la Seguridad Social fueran inferiores". La Guardia Civil ha hallado pagos no declarados que se remontan a 1991, como el abono de 9.000 pesetas por dos días de trabajo a una persona.

Al igual que ocurría en algunos casos con el pago de las comisiones, Fitonovo hacía firmar a los trabajadores un recibo por la cantidad entregada, incluyendo en el concepto expresiones como "a cuenta de salario convenio", "gratificación voluntaria absorbible" u otros como "vacaciones no disfrutadas".

Los investigadores llegan a la conclusión de el pago de una parte del salario o de la totalidad en B era una "práctica" habitual de la empresa que se remonta a los años 90 y que se ha aplicado "a todos o a la mayor parte de los empleados", por lo que estima que se ha dejado de tributar por esos 4,5 millones de euros.

Esta forma de actuar, prosigue la UCO, es "coherente" con otras prácticas de gestión realizadas desde Fitonovo, entre las que citan la reducción del beneficio de la empresa a través de facturas falsas o la distribución "encubierta de dividendos, que también han constituido una lesión patrimonial al erario público por cuanto han detraído de la recaudación impositiva un volumen de dinero notorio".

La Guardia Civil ha constatado incluso que había personas que cobraban una comisión del 1,5% de la facturación por conseguir facturas falsas a Fitonovo, lo que constituiría presuntamente un delito de blanqueo de capitales.

Fruto de este informe, la juez Mercedes Alaya imputó la semana pasada un nuevo delito de fraude a la Seguridad Social a los empresarios de Fitonovo Rafael González Palomo y a su hijo José Antonio González Baró, así como al administrador de Fiverde y coordinador de la Caja B, Ángel Manuel Macedo Gajete.