Gobierno central frenó ayer en seco el desarrollo de las subastas de medicamentos de la Consejería de Salud. El Consejo de Ministros decidió plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto de competencias por este asunto y eso conlleva, según informó ayer el Ejecutivo central, la "suspensión" de la resolución contra la que dispara en concreto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es la que convocó la selección de medicamentos con fecha del 25 de enero.

El viernes de la semana pasada, cuatro laboratorios (se cayeron del cartel siete, bajo acusaciones de presión por parte del Ministerio de Sanidad) formalizaron los contratos adjudicatarios. El planteamiento del conflicto competencial congela en principio ese proceso, con el que la Junta de Andalucía pretendía inaugurar una práctica con la que buscaba ahorrar entre 40 y 200 millones anuales (según el alcance de las convocatorias) en la factura pública de medicamentos.

El Gobierno asume con esta decisión los planteamientos del Consejo de Estado y del sector farmacéutico, que siempre ha visto en las subastas una intrusión en las competencias estatales. Además, hay otros motivos por los que el Gobierno central lleva al TC esta iniciativa de la Junta: supondría modificar a la baja la cartera básica de servicios sanitarios, al excluir medicamentos del abanico a recetar en los centros de salud del SAS. Sería, en la práctica, un recorte. No es ocioso hacer notar la ironía relativa a que sea precisamente el departamento ministerial que dirige Cristóbal Montoro el que señale ahora que la Junta está acometiendo recortes en materia sanitaria.

La Consejería de Salud, con su titular actualmente en funciones, señaló ayer que, con esta decisión, "el Gobierno de España está echando un pulso a Andalucía en un claro posicionamiento del modelo de sanidad por el que apuestan: penalizar a la ciudadanía". La Consejería, además, no entiende cómo semanas atrás el Ejecutivo central quería dialogar sobre el decreto-ley en el que se basan las subastas y ahora lleve al TC la resolución que nace de él. Salud defiende que esta iniciativa está dentro de sus competencias.