Puño de hierro, mandíbula de cristal. A Vox no le cuesta un segundo de reflexión tildar de "feminazis" a las organizaciones feministas, pero le duelen tanto las críticas que fueron capaces de incluirlas en su acuerdo con el PP en Andalucía. El Parlamento andaluz ha rechazado la pregunta que el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, iba a realizar al presidente Juanma Moreno en la sesión de control del próximo jueves. Más o menos lo siguiente: ¿Qué opina el presidente de los discursos del odio contra Vox y sus votantes?

La razón para rechazarla es que las cuestiones al presidente de la Junta deben centrarse en las actuaciones del Gobierno, que para eso se denomina así la sesión, de control del Ejecutivo, pero es cierto que esta es una obligatoriedad que se salta a menudo. Lo que indica es que ni el Gobierno, formado por PP y Ciudadanos ni esta mayoría en la Cámara va a pasar por el estrecho embudo que Vox quiere meter, a veces, al Ejecutivo de coalición.

El Rubicón de los improcedente lo marcaron los parlamentarios de Vox cuando solicitaron los nombres, apellidos y número de colegiado de todos los empleados autonómicos que trabajan en las unidades de valoración de violencia de género, así como de los que están en los juzgados de familia y de menores. La razón es que el parlamentario Francisco Serrano sospecha que estas personas carecen de la titulación adecuada, algo que él debe saber porque no ha suspendido la relación con su bufete, que se también trabaja en estos juzgados y entiende, pro tanto, de las peritaciones que hacen estos empleados. Al portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, no se le ha escapado el detalle, y por eso les ha llamado "patriotas del taco".

Vulneración de la ley de protección de datos

La Mesa del Parlamento no llegó a calificar la petición del listado, al entender que no procedía por una vulneración de la Ley de Protección de datos. Es decir, que no es que los miembros del PP y de Ciudadanos se negaran a admitirla, sino que no hubo lugar a la recepción. Serrano reformulará ahora esa pregunta. Los parlamentarios de Vox están molestos porque se ha sabido que ocho de sus 12 parlamentarios han solicitado la autorización de compatibilidad con actividades profesionales y empresariales, antes de que la comisión del estatuto del diputado eleve sus informes.

Ocho de los 12 parlamentarios de Vox han solicitado alguna compatibilidad con otras actividades profesionales y económicas

Éste es un asunto que hay que abordar con discreción, pero que debe conocerse, a posteriori, con total transparencia. Quizás sea éste el motivo de que el Parlamento andaluz aún no haya publicado el registro de bienes y de intereses de sus miembros, aunque aún no se ha agotado el plazo para hacerlo. Finaliza la semana entrante. 

El trato de PP y de Ciudadanos frente a sus aliados parlamentarios de Vox es diferente. Ni el vicepresidente Juan Marín ni su consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, están por ablandar a Vox ni por cambiar las políticas contra la Violencia de Género. Inés Arrimadas, que ejerce casi de diputada andaluza, aunque aún no ha entrado en el Congreso, censuró a Vox que "boicotease el cambio", después de haberlo solicitado.

Buena parte del discurso de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, del pasado Día de Andalucía estuvo dedicado al feminismo y a la violencia contra las mujeres, "por el hecho de serlo". Y la consejera de Igualdad anunció un día antes que se crearía el consejo andaluz para proteger al colectivo LGTBI. La única gran concesión que se le ha hecho a Vox es cambiar el nombre del comisionado de la Memoria Democrática por la de Concordia, aunque la reforma de la ley está vinculada a la unanimidad.

Hasta después del 26 de mayo

El PP prefiere no entrar en el cuerpo a cuerpo y tratar de evitar la polémica, al menos hasta pasadas las elecciones generales del 28 de abril y de las municipales del 26 de mayo. Los ayuntamientos y diputaciones se constituyen a mediados de junio, y es posible que el Gobierno de la nación no quede negociado para alcanzar acuerdos globales que alcancen a todos los niveles de la administración.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, no llevará el proyecto de Presupuestos autonómico de 2019 al Parlamento hasta finales de mayo. Será durante la tramitación parlamentaria cuando el Gobierno se tenga que acercar a Vox, porque sin ellos, no habrá aprobación de las cuentas. Pero para entonces, Vox puede estar comprometido con PP y Ciudadanos en otros territorios.

El consejero de Presidencia, Elías Benodo, ya ha puesto paños calientes, al valorar que es consciente de que en el período electoral será complicado llegar a acuerdos. En efecto, no son tiempos propicios. De todos modos, el primer Presupuesto del nuevo Gobierno va a ser el de 2020, que también se comienza a elaborar en junio.

El de 2019 está muy condicionado, porque se aprobará a mitad de año sobre el Presupuesto prorrogado que dejó Susana Díaz. Lo que el PP comienza a descubrir en estos días, y es algo que se sospechaba, es la baja ejecución de los presupuesto anteriores. Según una estimación de Bravo, casi la mitad del dinero presupuestado para inversiones productivas no se ha ejecutado. Pero el motivo no hay que buscarlo en la falta de capacidad de los gobiernos socialistas para gastarlo, sino en que esta partida era más bien un ingenio del que se prescindía para cumplir con los objetivos de déficit.