Andalucía

El Gobierno andaluz se escuda en un "exceso de voluntarismo" para justificar el descontrol

Es infrecuente que la Junta de Andalucía convoque de urgencia un viernes por la mañana para dar explicaciones sobre irregularidades, pero ayer lo hizo. Desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y en ausencia de su titular José Sánchez Maldonado, fue Gaspar Llanes, secretario general de Economía, el encargado de contrarrestar las sospechas de descontrol en las ayudas públicas tras el informe de la Cámara de Cuentas al plan de fomento del autoempleo. Uno de los principales argumentos elegidos fue el "exceso de voluntarismo por encima de las posibilidades de la Administración" en un contexto de profunda crisis económica en el que "la tasa de paro pasó del 12,8% al 27,8%" entre 2007 y 2010. "Se utilizó mucho la imaginación", llegó a decir Llanes en su comparecencia.

Fue este el tiempo en el que al repartirse estas subvenciones por orden de llegada y no por concurrencia competitiva se produjeron "avalanchas" en la Consejería. Un procedimiento, reconoció Llanes, que "no era el más adecuado". Estas ayudas tenían una media de 7.400 euros por autónomo, dirigidos especialmente a la creación de pequeños negocios y a la consolidación de los existentes.

Llanes reconoció que una de cada tres ayudas están por justificar y, aunque la Cámara analiza hasta 2013, se trata de expedientes enmarcados en las órdenes de ayudas a los autónomos de los años 2007 a 2010. Por lo que la cifra de 138 millones sin justificar que concluye la Cámara se rebaja, según los cálculos de la Junta, a 115 millones, lo que representa el 34% de las ayudas pagadas. Pese a que el ente fiscalizador critica y "no ve coherente" las econmiendas de gestión que realizó la Junta para la gestión de estas ayudas, Llanes se escuda en que "la falta de personal" motivó que la Cámara de Comercio y la agencia IDEA se responsabilizarán del reparto de estas subvenciones.

Con todo, hay dinero ya irrecuperable: del total de expedientes de ayudas a día de hoy han prescrito 429 expedientes, un 0,9% del total que se traduce en 3,21 millones de euros. Es decir, la Junta no ha podido verificar aún si este dinero fue usado o no acorde a la legalidad, pero en caso de irregularidad no podrá recuperarlo para las arcas públicas.

Sin embargo, el Gobierno andaluz entiende que "la Cámara no detecta irregularidades, ni valora negativamente la pertinencia o eficacia de las ayudas concedidas", sino que "realiza recomendaciones" que, a su juicio, muchas de ellas ya se han implementado en la Administración. Llanes explicó que la Junta derogó este plan en 2011 y que en 2012 se anularon las bases reguladoras. También se explayó en la puesta en marcha, en diciembre de 2013, de un plan de choque por el que, por ejemplo, se la última de las exoneraciones -exceptuación si nos atenemos al término que cree más conveniente la Junta- se concedió en diciembre de 2012.

Llanes aseguró que en adelante no se producirán prescripciones de estos 15.522 expedientes, aunque tendrán que pasar de "uno a dos años" para verificar todos los expedientes abiertos. Desde julio de 2014 un equipo de 20 funcionarios asignados para esta labor ha gestionado un total de 3.065 expediente, el 20% del total que requieren comprobaciones.

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