Conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua" es el objetivo que persigue el acuerdo por el que el Consejo de Ministros derogó ayer la anterior normativa, aprobando un Real decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica. El Ejecutivo de Mariano Rajoy pone así el broche definitivo a la polémica surgida en su día entre el Gobierno central y la Junta por las competencias en la gestión del Guadalquivir. Es más, el río andaluz será objeto, si cabe, de un mayor control y vigilancia a cargo de la llamada policía de aguas, toda vez que el Estado será el que ostente la política sancionadora contra las agresiones a las cuencas.

El Real Decreto Ley por el que el anterior Gobierno reformó el texto refundido de la Ley de Aguas permitía que las comunidades -Andalucía entre ellas- pudieran asumir competencias en materia de policía de dominio público hidráulico: la norma ofrecía a la Junta la gestión de la policía hidráulica de la cuenca del Guadalquivir a su paso por el territorio andaluz.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó ayer al término del Consejo de Ministros que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de la organización territorial del Estado se procede a una "clara delimitación de competencias". Por ello, con el fin de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores duplicados en el ámbito medioambiental, el Estado "asume todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas".