El Gobierno está preparando un plan de medidas para responder a las últimas maniobras de Gibraltar, que el Ejecutivo considera que han dado un salto cualitativo con el reciente episodio del lanzamiento de bloques de hormigón a la Bahía de Algeciras que ha dejado inutilizado el caladero para los pescadores españoles. Según fuentes gubernamentales, con el paquete de medidas que se está elaborando, y que incluye la anulación de algunos acuerdos alcanzados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se pretende mostrar que "las políticas contrarias a España tienen un coste".

Para ello, se han puesto encima de la mesa medidas de diversa índole, que van desde la creación de una tasa de congestión a los vehículos que atraviesan la Línea con origen o destino en Gibraltar a un plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón, pero su residencia "real' en España. Además, pretende revisar algunas de las concesiones que se hicieron en el marco de la Declaración de Córdoba, firmada en 2006 en el marco del Foro Tripartito que instauró el anterior Gobierno con Reino Unido y con Gibraltar y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza ahora de plano, al considerar que otorga a la colonia un "estatus" idéntico al de los dos países.

El Gobierno se plantea "volver a la situación previa" a la Declaración firmada en Córdoba en lo que se refiere al tráfico aéreo en Gibraltar, uno de los puntos más destacados de dicho acuerdo, que abría la puerta al uso civil del aeropuerto militar en el Peñón y levantaba las restricciones españolas al uso de su espacio aéreo. De esta manera, el Ejecutivo de Rajoy propone ahora redefinir la zona restringida de Algeciras, una zona actualmente prohibida para todos los vuelos a excepción de los civiles con un plan de vuelo autorizado, para que pase a ser "zona prohibida a todos los vuelos", una medida que dificultaría las maniobras de acceso al aeropuerto de Gibraltar.

Además, el Gobierno mantendrá su firmeza en el ámbito de la UE a la hora de bloquear la aprobación de cualquier normativa en materia de aviación civil que no contenga una cláusula de suspensión de su aplicación al aeropuerto de Gibraltar.

Al margen de esto, también se está revisando el acuerdo por el que, en el marco de la Declaración de Córdoba, España "concedió" a Gibraltar en 2006 la conexión de 60.000 líneas telefónicas, que atraviesan el municipio de La Línea de la Concepción, cuyo ayuntamiento recibe "apenas 4.000 euros anuales" como servidumbre de paso.

En la actualidad, Gibraltar está preparando un nuevo proyecto para potenciar la capacidad de la colonia en comunicaciones telefónicas que consiste en un cable submarino que, al parecer, atravesaría la zona donde faenan los pescadores españoles. A juicio del Gobierno, aquí puede estar también otra causa del lanzamiento de los bloques de hormigón que han disparado las tensiones: además de perjudicar la labor de los pescadores españoles, facilitar el tendido del cable.