El PP ha planteado en Madrid el caso de las irregularidades detectadas en ERE andaluces y, en una rueda de prensa en su sede de la calle Génova, ha denunciado la implicación del PSOE-A, la "inacción" del Ministerio de Trabajo y de la Fiscalía General del Estado y ha mantenido que el que era presidente de la Junta de Andalucía en el momento, Manuel Chaves, es el miembro del Gobierno central con "responsabilidades" en este caso.

El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y el candidato a la Alcaldía de Sevilla, Ignacio Zoido, han repasado la trayectoria de un caso que se ha convertido en el de los "ERE podridos" y han centrado sus críticas en el Ministerio de Trabajo, que "no hizo nada, no realizó inspecciones. El Ministerio es responsable y tiene que explicar por qué han fallado los mecanismos de control", han subrayado.

Por otro lado, han denunciado la actitud de la Fiscalía General del Estado. "Es lamentable que este escándalo no le altere ni lo más mínimo, que no le altere ni el pulso", ha dicho González Pons para lamentar la inacción de la institución que dirige Cándido Conde-Pumpido. "No hace nada, no le parece que haya la suficiente putrefacción porque los ciudadanos no son iguales para el fiscal, (son diferentes) depende de si son de un partido u otro".

Para el PP, si Trabajo y Fiscalía deben asumir sus responsabilidades en este caso, el actual vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, es el "responsable" en el actual Gobierno central porque, según han dicho, tuvo conocimiento en 2005 del asunto y, no sólo no lo destapó sino que "puso de presidente al consejero al que se le había encendido la luz de alarma de los eres irregulares", en alusión al actual jefe del Ejecutivo andaluz y entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán.

Para los populares el modelo que tenía la Administración andaluza para los expedientes de regulación de empleo era "el preciso para eludir los controles", como demuestra que se haya montado esta "auténtica y fraudulenta trama" que "no habría tenido investigación judicial y habría permanecido en los cajones del PSOE si no lo hubiera denunciado el PP". Al respecto, ha recordado que el presidente del PP-A, Javier Arenas, ya ha propuesto que el sistema sea modificado.

Por otra parte, los populares han adelantado que llevarán al Congreso y al Senado todas las iniciativas que puedan para "depurar responsabilidades". Aunque no han concretado sus acciones, han adelantado que su deseo es que responsables del Ministerio de Justicia y del de Trabajo expliquen en sede parlamentaria el porqué de su falta de acción y han anunciado que su intención es que Chaves también se explique en el Parlamento, "que es donde puede explicarse ahora".

Además, Zoido ha indicado que el PP volverá a pedir en Andalucía que se abra una Comisión de investigación "porque los hechos hay que esclarecerlos hasta el final" y porque "Mercasevilla debe volver a recuperar su buen nombre"; exigirá que la oposición se incorpore al consejo de Administración de la empresa pública y también que la Junta continúe pagando a aquellos trabajadores que "de buena fe" se acogieron al último expediente de regulación de empleo.

"Iceberg podrido"

Durante su intervención, González Pons no ha escatimado en calificativos para definir a la que, ha dicho, "acabará convirtiéndose en la mayor trama de podedumbre de la España contemporánea". Así, ha hablado de un "pozo ciego" y un "iceberg podrido" del que aún no se ha descubierto más que una pequeña parte.

"Hace estremecer de tristeza y de asco que el dinero de los parados haya servido para pagar jubilaciones millonarias de socialistas y amiguetes de los socialistas", ha añadido el vicesecretario de Comunicación, para quien es, además, "una auténtica vergüenza y un despropósito" que "los mismos que dicen que trabajemos dos años más para jubilarnos, en Andalucía estén prejubilando a dirigentes socialistas sin haber cotizado".

Con respecto a la actuación del PSOE-A, han dicho que "han tirado de manual, negando la corrupción y la evidencia" y rechazando las comisiones de investigación que se pidieron en el Ayuntamiento de Sevilla y en el Parlamento y, por último, han afeado las "mentiras" del secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, sobre su intención de descubrir el destino del dinero de los ERE, y de los dos últimos consejeros de Empleo, que "dijeron que no había ninguna irregularidad".

Por último, los populares han reconocido que aún no saben cuantas empresas ni personas podrían estar vinculadas a esta trama porque "aún hay que analizar y concretar" las posibles relaciones. "Tan sólo en doce ya han aparecido 37 irregularidades", ha concluido Zoido.