El colectivo ecologista Greenpeace alertó ayer del peligro de "africanización" que sufre ya Andalucía y que "está causando graves impactos en la agricultura y el turismo, dos de los principales motores económicos de la región", además de las consecuencias que está teniendo del fenómeno, junto con la subida del nivel del mar, en los ecosistemas terrestres y marinos de Doñana.

La organización, que por su 25 aniversario se encuentra en Sevilla con su barco Rainbow Warrior, con el que está recorriendo España para concienciar a la ciudadanía de las consecuencias del cambio climático, indicó que los registros de los últimos años "demuestran que las temperaturas de Andalucía son hoy en día parecidas a las que tenía hace unos años el norte de África". Andalucía es la comunidad autónoma "más afectada por la aridización del sur peninsular, que ya está provocando un descenso en la producción agrícola de secano, el aumento de la vulnerabilidad de los frutales por el adelanto de la floración y la mayor incidencia de plagas agrícolas", declaró la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Aida Vila. "Junto a estos impactos hay que destacar la clara tendencia a la disminución del turismo derivada del aumento de la temperatura y de la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor", apuntó. Vila también destacó los "riesgos" que el cambio climático representa para la salud en términos de proliferación de enfermedades tropicales como el dengue o la malaria, especialmente en zonas como Doñana, dónde todavía puede encontrarse el mosquito transmisor de la enfermedad.

Para frenar este proceso, subrayó el papel "fundamental" de las comunidades autónomas y pidió al presidente Griñán "coherencia" con su discurso de investidura y una apuesta decidida por las energías renovables, que implicaría el cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón. También resaltó la "urgencia" de actuar contra el cambio climático de forma global y la necesidad de que los países industrializados alcancen -en la cumbre que va a celebrarse a finales de año en Copenhague- un compromiso de reducción de emisiones del 40% para 2020 y se comprometan a prestar el apoyo financiero para que los países en desarrollo puedan hacer frente a la crisis climática.

La portavoz ecologista demandó a los países industrializados 110.000 millones de euros en pago de su responsabilidad en la crisis climática que se destinarían a prevenir la deforestación e invertir en energías limpias en los países en desarrollo, así como a luchar contra aquellos efectos del cambio climático que ya son inevitables en estos países. Vila pidió al Gobierno español que apueste por la reducción interna de emisiones y aporte los 2.700 millones de euros que le corresponden por su responsabilidad en la crisis climática. "España genera más del doble de las emisiones a las que se comprometió en Kioto y basa su cumplimiento del Protocolo en la compra de derechos de emisión: es momento de cambiar de estrategia", concluyó Vila.