Griñán rebaja la tensión con Rajoy aunque le abre un frente judicial

Unos minutos después de la dura arremetida del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, contra el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, por la decisión de limitar el tope de endeudamiento de la comunidad a un 13,2% en 2013, ambos conversaron por teléfono en un par de ocasiones el miércoles. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que protagonizó el plante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el martes aprobó el techo de deuda a las comunidades, también conversó con su homólogo en el Gobierno, Cristóbal Montoro.

De estos contactos informó ayer la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, a la conclusión de una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Ayer por la tarde, técnicos de Hacienda del Gobierno y de la Junta se reunieron en Madrid.

La apocalíptica puesta en escena de Griñán, en la que llegó a atisbar el cierre de más de 2.000 colegios, los 19 grandes hospitales o el despido de hasta 60.000 empleados públicos si Rajoy no revisa la decisión que obligaría a la Junta a recortar 2.700 millones de su Presupuesto el próximo año, se rebajó ayer a llamamientos al diálogo.

"Se está trabajando por parte de la Consejería de Hacienda con el Ministerio; esperemos que no haya sorpresas y sí una solución satisfactoria, de forma que el diálogo, el consenso y el acuerdo permita que la decisión que al final adopte el Consejo de Ministros no sea lesiva para Andalucía", indicó Díaz.

En paralelo, el Consejo de Gobierno de la Junta dio orden a sus servicios jurídicos para que estudien los recursos posibles contra este "hachazo", incluido el contencioso administrativo y el Tribunal Constitucional, y entre los que se barajan un requerimiento de nulidad ante el Gobierno. Cataluña, otra de las díscolas, no emprenderá este camino.

Éste fue uno de los acuerdos de la Junta, junto a la petición al Parlamento para celebrar un pleno extraordinario, presumiblemente en la primera semana de septiembre, que servirá al Gobierno de coalición PSOE-IU para perseguir una imposible posición unitaria junto al PP, que apoyará las políticas de sus siglas en Madrid.

En este nuevo capítulo de la confrontación, la Junta ha encontrado razonables elementos de agravio, ya que otras comunidades como Cataluña, Valencia y Castilla La Mancha, con mayor deuda acumulada que Andalucía, han visto ampliado su techo de deuda, mientras que Andalucía tendrá 2.735 millones menos para financiarse el próximo año.

En mayo, el Gobierno aprobó el plan económico financiero de Andalucía que le permitía un límite de endeudamiento del 15,1% de su PIB. La estrategia de la Junta el martes en el CPFF pasaba porque el Gobierno fuera condescendiente y le ampliara ese margen, pero se encontró con todo lo contrario. La Junta, alentada por la coalición de IU, ha rescatado proclamas como la agresión al espíritu del 28-F sintiendo la decisión como un "ataque" a los intereses de Andalucía y, en especial, a la autonomía de ésta para prestar servicios en sanidad y educación.

El ajuste, que supondría hasta un 10% del Presupuesto andaluz, iría irremisiblemente a estas partidas según previó Griñán, reacio en su discurso a conceder que aún existe margen de recorte en otras partidas subvencionadas con fondos autonómicos, caso de empresas públicas como Canal Sur.

"Empresas públicas también son el hospital de la Costa del Sol, o el Infoca", aseveró ayer Díaz preguntada al respecto.

La consejera hizo constantes llamamientos al diálogo y eludió pronunciarse sobre las amenazas de intervención. "Andalucía ha cumplido siempre con las normas. No nos gusta ese tono amenazante, de imposición", concluyó.