El ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, pieza clave de todo el entramado de los ERE fraudulentos, no olvidó a familiares y amigos. Al contrario, tuvo con ellos el detalle de buscarles un lugar privilegiado al abrigo de esas ayudas irregulares. Uno de esos parientes fue su suegra, Victorina Madrid Pisbarro, para quien el ex alto cargo amañó partidas dedicándosle un "trato preferente".

Así se recoge en un atestado de la Guardia Civil, que informa de que Madrid Pisabarro fue adjudicataria de una ayuda mensual fija de 1.300 euros hasta cumplir los 65 años en el expediente de la empresa SOS Cuétara, pese a que nunca había trabajado en ella. En un registro de las oficinas de Vitalia, los investigadores del Instituto Armado hallaron un sobre con el nombre de esta beneficiaria y en su interior un documento de 6 de julio de 2004 enviado desde un fax que corresponde a la dirección general de Trabajo cuando Guerrero era su titular.

Según un auto del propio juzgado que investiga los ERE irregulares, Madrid Pisabarro ha cobrado en total 119.699 euros por una póliza de Vitalicio.

Además, según datos del Consorcio de Compensación de Seguros la madre política de Guerrero "es tomadora y beneficiaria de otra póliza de Personal Life" por la que percibió, entre diciembre de 2004 y septiembre de 2009, un total de 46.283 euros, añade el informe.

Tras su imputación en abril de 2011, la suegra de Guerrero "decidió, en connivencia con su esposo, desprenderse de todo su patrimonio, y disolvió la sociedad de gananciales y enajenó una propiedad", según la Guardia Civil.

Pero Victoria Madrid Pisabarro no es la única persona del entorno de Guerrero al que éste nutrió con los ERE. En otra parte de su atestado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enumera los casos de cinco personas que obtuvieron ayudas "a las que no tenían derecho, prevaliéndose de su relación de amistad con el director general de Trabajo".

Se trata de dos vecinos de Guerrero en El Pedroso (Sevilla): Antonio Arquero, a quien le prometió "solucionar su problema hasta la jubilación", y Alejandro Millán Torres, a quien le dijo que le llevase toda su documentación laboral y médica a su despacho para arreglarle una ayuda.

Además, Rafael Ruiz García, amigo personal de Guerrero que firmó los papeles de su ayuda en las oficinas de la Consejería de Empleo; Rafael Rosendo Villavieja, ex alcalde de El Pedroso y amigo personal de Guerrero; y Cristóbal Martínez Victoria, que era un "compromiso" del ex director general.

En estas irregularidades, la Guardia Civil incluye la inclusión en una póliza del ex futbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como Pizo Gómez, que trabajaba para la empresa Cenforpre. El atestado de la Benemérita explica que entre los años 2004 y 2006 esta empresa desarrolló para la Junta un proyecto de divulgación de la Ley de Riesgos Laborales y "ante la falta de presupuesto para pagarle, el propio Guerrero le propuso afrontar el pago de sus servicios mediante la suscripción de una póliza" cuyo titular debía ser una persona física. La utilización de este método "era conocido por el consejero y viceconsejero, los cuales no se opusieron a su utilización", dice la Guardia Civil en relación a quienes entonces ocupaban esos altos cargos, Antonio Fernández y Agustín Barberá, ambos imputados en una causa que ya acumula 116 acusados.

Por otra parte, el juez nombrado para reforzar, en sustitución de Rogelio Reyes, el Juzgado de Alaya, se incorporará el próximo día 20. El actual juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Rogelio Reyes, solicitó antes del verano su traslado a otro órgano judicial y concursó a una plaza, tras lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le concedió su traslado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Dos Hermanas. Será el próximo 20 de septiembre cuando Reyes abandone el juzgado que dirige Alaya, siendo sustituido ese mismo día por el magistrado Álvaro Martín, actual titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla.

La Comisión Permanente del CGPJ decidió el pasado mes de julio nombrar como nuevo juez de apoyo a Álvaro Martín para que Alaya "pueda dedicarse a las macrocausas que viene investigando desde hace tiempo".