Los peritos de la Agencia Tributaria que han participado en la investigación del caso Malaya ratificaron sus conclusiones sobre las operaciones inmobiliarias analizadas en la causa y reiteraron la importancia de la presencia del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, para garantizar su desarrollo.

A preguntas del Ministerio Fiscal, los expertos repasaron los pasos que se dieron para llevar a cabo distintas operaciones, en las que aparecen sociedades vinculadas a Roca, administradas por algunos de los acusados de blanqueo de capitales, que continuará hoy con el interrogatorio por parte de los abogados a estos dos funcionarios.

Entre estos negocios, se ha analizado la compra de la finca La Concepción, a través de la adquisición de acciones de sociedades vinculadas a Roca y al ex alcalde Jesús Gil. El fiscal sostiene que con la entrada de nuevos socios, acusados en este bloque, se pretendía desarrollar urbanísticamente los terrenos con la construcción de un campo de golf y viviendas. Los funcionarios explicaron cómo se adquirió la finca y cómo había en el capital social algunas "participaciones ordinarias y privilegiadas". Señalaron que en la financiación hubo "ingresos en efectivo que se hicieron constar como préstamos" y añadieron que el pacto era que el nuevo socio "tenía que pagar por las participaciones y librar las deudas con terceras personas". Destacaron que esas acciones privilegiadas "se daban con carácter personalísimo", de forma que "nada más podían hacer uso de ellas" sociedades vinculadas a Gil y a Roca. Así, subrayaron que "era razonable" que se asegurara la participación de este último "porque desde mi perspectiva era el que garantizaba el buen fin de la operación y el desarrollo de la promoción inmobiliaria".

Dijeron que las posibilidades de desarrollo urbanístico implicaban una modificación de las características del suelo. Se refirieron a los instrumentos utilizados para cambiar la clasificación, entre ellos un plan parcial y un convenio, ratificando las palabras del fiscal de que se trata de una configuración con base en "una normativa futura".

Uno de los funcionarios indicó que estos cambios se plasmaban a veces de manera formal con convenios urbanísticos, aunque en otras ocasiones "simplemente Roca cambiaba los parámetros en el PGOU". Los expertos se refirieron a otros negocios y sociedades vinculados a Roca. Indicaron que el intentar que cada empresa tuviera un domicilio social diferente "era una garantía por si se intervenía una de ellas, era la creación de cortafuegos", explicando que la actividad de algunas de éstas no es más que "proporcionar a la organización criminal un nuevo domicilio".