PARA los socios, el Gobierno es Dios, todo va de arriba para abajo. De manera, que ellos prohíben a sus diputados registrar determinado tipo de iniciativas, creen que no debemos realizar interpelaciones ni mociones y no se pueden considerar, de entrada, las de la oposición". Ésta es la queja que el grupo parlamentario de IU en la Cámara andaluza hace de sus socios de la bancada socialista: como el Gobierno de la Junta "es Dios", dicen, allí no se mueve una voz sin su autorización. Esta crítica se incluye en el documento que debatirá la asamblea de IU del próximo 20 de diciembre, y que servirá para evaluar su posición como socio de Gobierno del PSOE en la Junta. Puede haber marejada, pero no naufragio.

El documento es crítico, y lo es en especial con las consejerías de Educación y de Justicia, incluso con algunas de sus demandas frustradas, como el banco público de tierras, pero de ello no se deduce un amago de ruptura con los socialistas. Sí un endurecimiento de las relaciones en el futuro, acompañado de un mayor control sobre las leyes. Por ejemplo, el mismo documento revela que el PSOE no quiere que IU presente enmiendas a los proyectos de ley que el Gobierno envía a la Cámara. Una de las últimas discusiones entre los dos partidos ha sido la del Presupuesto de 2015 y, precisamente por ello, IU ha terminado por presentar cerca de 10 modificaciones, aunque en un principio iban a llegar hasta cerca de la treintena. Pero aunque esté marcando distancias, su apoyo al Gobierno de coalición parece seguro para lo que resta de legislatura. Así lo opinan tanto en el PSOE como en una parte de IU, debido, en buena media, a que la irrupción de Podemos en el panorama andaluz se traduciría, en caso de adelanto, en una pérdida gratuita de representación para ambos partidos.

Podemos no tiene en Andalucía el principal de sus graneros, pero a IU le abre un período de gran incertidumbre. Los proyectos de coalición para las municipales, los llamados Ganemos, están cayendo uno tras otro por la reticencia de Podemos a compartir poder con IU. O viceversa. De este modo, la legislatura de Susana Díaz parece que llegará a su fin en 2016. Para uno de los consejeros socialistas de la Junta, las diferencias que está marcando IU tienen un objetivo más cercano, la propia asamblea del 20 de diciembre. Según esta versión, la dirección de IU, que coordina Antonio Maíllo, debe de ser muy cautelosa con todas sus facciones ante una asamblea, libre, donde cada representante dará su opinión sobre el Gobierno de coalición. En IU, el PCE tiene el control, pero grupos como la CUT, la de Sánchez Gordillo, es muy crítica con su participación en la Junta. En el Parlamento, al alcalde de Marinaleda lo ha sustituido otro dirigente de la CUT, Álvaro García.

El documento que IU va a llevar a sus agrupaciones locales parte del hecho de que "no es fácil" estar en el Gobierno andaluz, porque se producen "contradicciones", pero -sigue- merece asumir este "coste" político porque así se garantizan los niveles de bienestar social. Así, IU presume de que su permanencia en el Ejecutivo ha permitido "parar veinte proyectos de campos de golf, con 20.000 viviendas residenciales", detener 4.000 desahucios, haber acabado con la financiación público-privada y creado el ente público de crédito.

El documento lamenta que el banco de tierras se haya retrasado, aunque reconoce que la movilización social para ello es "débil". De lo que sí se vanagloria es del resultado de la crisis de la Corrala Utopía, el único asunto que pudo haber roto el Gobierno, y destaca que todas las familias fueron realojadas temporalmente. Del mismo modo, subraya que en sus consejerías sí se ha producido una reforma de la administración paralela, algo que no ha sucedido en el resto de los departamentos. En su discurso de investidura, la presidenta Susana Díaz anunció la creación de un grupo de expertos que concluiría con unos resultados en 2014, pero, claramente, nada de esto ha sucedido. En Turismo Andaluz sí se eliminaron 22 puestos directivos y en la antigua EPSA, de Fomento, hoy Agencia de la Vivienda, se eliminaron 81 de 107.

Llama la atención que las quejas de IU se dirijan a dos consejerías. A Justicia, de quien culpan a su titular, Emilio de Llera, de no tener sensibilidad política porque no es militante de ningún partido y a Educación, donde han notado un giro hacia la no colaboración desde la llegada de Luciano Alonso.

Lo que sí deja claro IU en este documento es la posibilidad de impulsar una comisión de investigación para el caso de los cursos de formación. Considera que ha sido la experiencia de la comisión de los ERE, muy insatisfactoria en los resultados, lo que ha hecho que se tomen estas iniciativas con escepticismo, aunque anota: "Pero es evidente que nuestra postura debe concretarse en una alternativa que nos devuelva la iniciativa" para "esclarecer todos los episodios de corrupción conocidos hasta la fecha".