El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha citado a declarar al director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Pedro Eugenio Gracia Vitoria, en calidad de imputado por la querella por prevaricación interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios por la "subrogación" del personal "externo" de las agencias en el SAE, según ha indicado el SAF en una nota.

Según indica el sindicato en una nota, en el mismo auto reafirma la admisión a trámite de la querella "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de prevaricación", incoa diligencias previas, dando parte al Ministerio Fiscal, y establece llevar a cabo las "actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias". El motivo de la querella, presentada el 14 de febrero de 2012, fue la resolución de 7 de febrero de 2012 "por la que se aprueban las medidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia (...), por el que se acuerda la suspensión cautelar de la resolución dictada por la Secretaría General para la Administración Pública, con fecha de 20 de Abril de 2011, por la que se aprueba el protocolo de integración de personal" en el SAE. 

Esta resolución fue dictada por el propio director gerente del SAE, que pretendía dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que daba la razón a las asociaciones de funcionarios y "prohibía la integración de personal externo en el SAE".  La resolución de la Junta "burlaba el fallo, en auténtico fraude de ley, al crear la figura del personal subrogado".

El SAF consideró ese nuevo concepto de subrogación en el SAE como un "atajo ante la suspensión del protocolo de integración del personal de las agencias en el SAE", por lo que presentó otra querella más que sigue su curso contra la delegada provincial de Empleo en Granada, Marina Martín Jiménez, ante el Juzgado de Instrucción número 4 en Granada.

El presidente del SAF, José Manuel Mateo Navarro, ha mostrado su satisfacción ante este nuevo paso hacia delante de la Justicia. "No debemos olvidar que la Junta lo que pretende con este tipo de estratagemas es mantener al personal enchufado, ahora lo llama subrogado, y alejar el dinero de los ciudadanos andaluces del cualquier tipo de control exhaustivo"., ha agregado este dirigente sindical.  Ha recordado, asimismo, que el SAF "lleva años denunciando este auténtico sablazo a los derechos, no sólo de los funcionarios a los que este sindicato representa, sino a todos los ciudadanos andaluces".

Precisa que "concretamente este personal subrogado, que a día de hoy se encuentra en un auténtico limbo jurídico tras las  paralizaciones y sentencias dictadas por los juzgados contra su integración en las agencias, pasará a realizar sus funciones con absoluta normalidad, sin cortapisa alguna, y con la aprobación de las autoridades competentes, gracias a la resolución dictada por el director gerente del SAE".  "Es más, cuando este personal subrogado de las agencias esté involucrado con el resto de funcionario y personal laboral de la Junta, actuando bajo el mandato de las jefaturas de servicio, cómo se controlará la usurpación de funciones", se pregunta Mateo. 

A través de la sentencia mencionada anteriormente que estima un recurso interpuesto por las asociaciones de funcionarios, el TSJA expresó que "la integración de dicho personal era contraria a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Española, que no se respetaban los principios de acceso al empleo público exigidos en la legislación y que dicho acto constituía una auténtica huida del Derecho Administrativo y un desprecio al Estado de Derecho".

"La Junta se mofa de la Justicia"

SAF considera "inaceptable" que el Gobierno andaluz "se mofe de la justicia de esta manera y cree un concepto nuevo para el enchufismo como el de la subrogación, vulnerando el mandato judicial".  Lamenta que la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, "con auténtico desprecio al estado de derecho, dicta resolución de 7 de febrero de 2012, que pretendiendo dar cumplimiento a la sentencia citada no hace más burlarse, de forma grosera, del mandato contenido en ella al plantear la integración del personal de la extinta Faffe, creando, en un auténtico fraude de ley, la figura del personal subrogado", dice textualmente la denuncia de SAF.

SAF en su denuncia establece que "los hechos denunciados se encuadran en el tipo contenido a los artículos 404 del Código Penal, que contempla el hecho de que las autoridades o funcionarios públicos se negaren abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de formalidades legales". 

El Sindicato Andaluz de Funcionarios sostiene "que la actuación del querellado --haciendo referencia al director gerente del SAE-- intenta evitar el mandato contenido en la sentencia del TSJA, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, que suspende la incorporación al SAE del personal externo de la ya extinta Fundación Andaluza para el Fondo de la Formación y Empleo (Faffe) y también de los Consorcios UTDLT".

Considera que esta actitud "provocadora" del director gerente del SAE frente a la decisión judicial "es conocida públicamente por todos, incluido el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, ya que el SAF ha presentado otros escritos, anteriores a estas denuncias penales, ante el Juzgado de Guardia y ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial". "No caben excusas cuando se es consciente de la ilegalidad que se comete con el grave desacato al mandato judicial por el que debe velar todo órgano jurisdiccional", ha aseverado el sindicato.