LA última encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares ha puesto cifras a un hecho palpable: el teléfono móvil como nuevo "juguete" estrella de los más pequeños de la casa y también de los adolescentes. Este estudio, publicado este mes, revela que en España más de la mitad de los niños y niñas de 11 años tiene su propio smartphone. Este porcentaje sube hasta el 94% en el caso de los adolescentes de 15 años. Otro dato: para el 93,3% de los internautas el teléfono es la vía más usada para navegar por la red.

Recordemos que no hace ni una década expertos e instituciones advertían de los riesgos del visionado en solitario de la televisión por parte de los menores. Debemos preguntarnos, por tanto, qué decir ante esta nueva e inevitable realidad: el uso cotidiano e individual de un dispositivo conectado a internet por parte de una persona en plena fase de desarrollo, y donde las redes sociales juegan un papel central como elemento de comunicación, de reputación, de identidad...

Esta interrogante adquiere más fuerza ante otra realidad cada vez más frecuente: el protagonismo central de internet en muchos de los conflictos graves que se suceden entre menores de edad o en sucesos relacionados con ellos: el ciberacoso, el grooming o la adicción al móvil.

A diario se ven más de 10.000 millones de vídeos en Snapchat u 8.000 millones en Facebook. Entre ese material es frecuente detectar contenidos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas e inducen a comportamientos perjudiciales. El impacto de contenidos audiovisuales inadecuados en el desarrollo de los menores de edad puede ser realmente grave y, en algunos casos, irreversible.

Sin embargo, los mecanismos con los que las empresas responsables de estas redes sociales están tratando la inclusión de vídeos violentos y perjudiciales para los menores y otros grupos de riesgo son insuficientes y, normalmente, tardías. Además, los vídeos y resto de contenidos alojados en internet carecen de señalización orientativa, ni incluyen ningún elemento que permita filtrar su visionado o mecanismo de control parental. Es indispensable un mayor grado de protección normativa.

En este aspecto, las instituciones públicas responsables de velar por la protección de los menores tenemos una obligación ineludible y urgente ante esta realidad. La respuesta por parte del legislador y de las autoridades reguladoras del sector ha de ser ágil y eficaz en un escenario caracterizado por la ausencia de controles y filtros ante la difusión de cualquier tipo de contenido audiovisual. Es uno de los mayores retos que enfrentamos como sociedad en general y como órganos reguladores en particular, y así lo hemos manifestado para que se actúe tanto desde el ámbito europeo como desde el espacio autonómico.

Los consejos audiovisuales europeos coincidimos en que el nuevo proyecto de Directiva Europea de Servicios Audiovisuales, ahora en fase de tramitación en el Parlamento Europeo, es más ambicioso en cuanto a las medidas regulatorias que se proponen para la protección de los menores. De hecho, amplía su ámbito material de aplicación a los servicios de plataformas de distribución de vídeos online (Youtube) y a las secciones audiovisuales de los periódicos.

No obstante, consideramos que la norma europea debería incluir previsiones expresas respecto a las funciones de las autoridades independientes de regulación para la supervisión de su cumplimiento. Asimismo, se deberían establecer mecanismos que fomenten la alfabetización mediática como instrumento para educar a los menores frente a los riesgos que presentan los nuevos medios digitales. En el plano andaluz, también nos hemos manifestado a favor de la regulación de internet y las nuevas tecnologías con motivo de las alegaciones presentadas al anteproyecto de Ley Audiovisual Andaluza.

No podemos seguir obviando los hechos: estas nuevas generaciones están en internet, son nativos digitales y no conciben ya el mundo sin una conexión a la red. Por eso debemos desarrollar instrumentos legales y pedagógicos para evitar que se enreden, debemos procurar que durante su navegación no se abran vías de agua que pongan en peligro su viaje. Su naufragio es el naufragio de toda la sociedad.