Andalucía

La Junta de Andalucía seguirá denegando la objeción a EpC

  • La consejera de Educación asegura que Educación para la Ciudadanía es "una asignatura que viene determinada por Ley Orgánica, con carácter obligatorio" y que negarse a estudiarla "no es un derecho reconocido"

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La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Teresa Jiménez, ha dicho hoy que su departamento va a seguir denegando las objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) porque "no es un derecho reconocido".

Teresa Jiménez, en declaraciones a los periodistas en Jaén, ha indicado que EpC es "una asignatura que viene determinada por la Ley Orgánica de Educación, que se imparte con carácter obligatorio y con absoluta normalidad" a los 98.000 alumnos que cursan tercero de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Ha insistido en que se va a seguir impartiendo "con normalidad porque tenemos la obligación de cumplir lo establecido en una ley orgánica y sobre todo porque compartimos que es bueno enseñar a los niños conocimiento, pero que educar es mucho más, es también aprender valores democráticos como los que pretende esta asignatura".

Jiménez ha añadido que desde el respeto a cualquier posición individual, el Gobierno de Andalucía va a seguir impartiendo la EpC y denegando la objeción porque "no es un derecho reconocido y no se puede objetar a una asignatura obligatoria establecida por ley". Asimismo, la consejera ha dicho que está esperando a que el Tribunal Supremo unifique la doctrina y "nos de al final unas pautas de comportamiento comunes para todas las comunidades".

Por otro lado, Teresa Jiménez se ha referido a las críticas por la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de un listado de padres y alumnos para comunicarles la denegación de las solicitudes de objeción de conciencia a EpC y ha aseguado que es un procedimiento administrativo normal.

Para la consejera, la publicación de los nombres es un paso para garantizar el derecho de todos los padres a seguir un expediente administrativo y poder ejercer todas las acciones que consideren en el marco de la legalidad. "Es un procedimiento garantista y me gustaría que se despojase de todo otro matiz o de otra intención que no ha estado nunca en la mente del trabajo de la Consejería", ha concluido.

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